El 15 de abril de 2015 un acreditado sitio de noticias en internet señalaba lo siguiente “En los últimos 10 años el Ejército ha decomisado casi 13 mil granadas y 150 mil armas de fuego incluidos fusiles de asalto creados para la guerra (…) La cantidad de armas de fuego decomisadas, en promedio 40 todos los días, alcanzarían para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior a la de la Armada y la Policía Federal juntas. Además, los cartuchos asegurados son suficientes para que cada pistola o rifle hiciera al menos 105 tiros”, apenas 18 meses después un prestigiado medio de comunicación asentaba que “en el lapso que va del año 2000 a esa fecha, en nuestro país se habían incautado más de 234 mil armas, suficientes para abastecer íntegramente a un ejército como el alemán o la suma de Perú y Venezuela.”
En diciembre del año 2014 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados mediante una investigación había advertido los alcances del tráfico de armas en México, los nexos entre las armas y el crimen organizado, así como las acciones institucionales para actuar en este marco creciente violencia. El estudio titulado Tráfico de Armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, asentó que en nuestro país circulaban armas ilegales suficientes para armar a uno de cada tres hombres adultos en el país.
En el caso mexicano las armas guardan una relacion dinámica con delitos como el homicidio y el robo con violencia; entonces se señalaba lo que hoy es un conocimiento público y es que la comisión de delitos asociados con el uso de armanas de fuego se incrementó en todo el país y en algunos estados en particular. El estudio estimó que las autoridades sólo incautan el 14 por ciento de las 252 mil armas que cruzan de forma ilegal anualmente por la frontera norte, y que más del 46.7 por ciento de las 51 mil armerías estadounidenses depende en alguna medida de la demanda mexicana”.
En otros términos desde hace cuatro años se conoce que la mayoría de las armas que utiliza la delincuencia en nuestro país provienen de los Estados Unidos (EUA), el estudio en comento señala “diversas organizaciones abocadas al estudio del tema coinciden en afirmar que el mercado civil de armas estadounidense se ha convertido en un auténtico arsenal para todo tipo de criminales violentos, terroristas y extremistas que operan en México y en todo el continente.”
En ese contexto también se estima que unas “2 mil armas se introducen de manera ilegal de Estados Unidos a México cada día”; sabemos también que la potencia de fuego es cada vez mayor, que la delincuencia organizada utiliza las armas como medio de fuerza, disuasión y control territorial, y que en lo general la delincuencia recurre con mayor frecuencia a las armas para cometer delitos con violencia en por lo menos 18 entidades del país. La violencia asociada a la comisión de delitos tiene como eje el uso de armas de fuego en las más diversas modalidades.
Lo anterior se señala porque de forma reciente se publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional había “disparado” el gasto en armas entre 2013 y 2017 a vistas del mayor número de recursos que se utilizó para este fin, lo cual es cierto, y se señala que se adquirieron 11 mil fusiles y pistolas en ese mismo lapso; sin embargo, habría de ponderarse que esa cantidad representa las armas que ingresan a nuestro país de forma ilegal en sólo una semana, armas con las que se enfrenta a las instituciones de seguridad pública municipales, estatales y federales y en evidencia a nuestras Fuerzas Armadas. Los cálculos más conservadores señalan el ingreso al México de 200 mil armas al año, en esos términos las compras de armamento de la SEDENA en cinco años equivalen a las armas que ingresan de manera ilegal a México en 29 días.
Estas cifras muestran la capacidad económica de la delincuencia organizada, la determinación para continuar sus actividades delictivas, la planeación deliberada para enfrentar a las fuerzas del orden en nuestro país, y en evidencia, también muestran los alcances de un negocio trasnacional que radica precisamente en la producción de armas de fuego. Las armas que han ingresado a nuestro país significan que proliferan, que los delitos comunes ahora se realizan con violencia, que los conflictos en las comunidades muestran la presencia de la violencia extrema, y que el miedo y la incertidumbre son mayores.
En ese marco, el Secretario de la Defensa Nacional advirtió que el problema de la violencia y de la delincuencia organizada no se resolverá a balazos, por lo cual son sustanciales las respuestas que en materia de política pública se realicen para contener y dar salidas a la espiral de violencia que se registra en México.
La rutas de trabajo son múltiples y van desde las que convocan a la reconstrucción de tejido social hasta realizar cambios al sistema de justicia penal acusatorio para que los delitos que se cometan con el uso de armas de fuego ameriten la prisión preventiva oficiosa, otras repuestas apelan al combate a la impunidad, al fortalecimiento de la investigación científica del delito y al establecimiento del mando único policial en las 32 entidades del país; otras vías de trabajo hacen referencia a fortalecer las opciones educativas y laborales en especial para los jóvenes que hoy no estudian ni tienen un empleo, y en lo general para los juventudes del país que precisan expectativas fundadas en modos de existencia sanos, honestos que les permitan canalizar sus inquietudes, criticas y proyectos de vida; y desde luego también se habla de legalizar el uso de las sustancias adictivas para confrontar la fuente de ingresos de esta delincuencia que ha logrado posicionarse en una escala trasnacional.
Los cierto es que si bien se registra un descenso en la incautación de armas que ingresa a nuestro país, a la par la violencia criminal no cede, por lo cual se plantea la necesidad de respuestas integrales, sin embargo, ese concepto no es lineal ni simple, más aún cuando se tiene al otro lado de la frontera al mercado más grande de drogas del mundo; en evidencia se trata de una problemática de envergadura, y habrá que estar atentos a las propuestas que en democracia realicen quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular, se necesitan propuestas y definiciones que la ciudadanía en libertad habrá de elegir. La responsabilidad es de cada persona. El futuro que queremos inicia con el saber qué hacer.
