En el municipio de Chilapa, Guerrero durante el año 2012 se registraron 29 asesinatos, para el año 2017 la cifra alcanzó los 177 homicidios. En sólo seis años la cifra de homicidios se multiplicó por 6. Se trata quizá del municipio con mayor índice de violencia en México. Pareciera que la nueva generación de fenómenos asociados a la delincuencia se concentrara en este punto. La forma en que se expresa el fenómeno delictivo se traduce en asesinatos, enfrentamientos constantes entre grupos de la delincuencia organizada, desapariciones, narcotráfico, migración forzada, miedo, incertidumbre, desconfianza, afectaciones económicas de todo tipo, proliferación de armas de fuego, alteración de la vida cotidiana, impunidad, y capilaridad social de la delincuencia. En suma, un cuadro en que el actuar de la delincuencia terminó por afectar la vida concreta de personas, familias y comunidades.
La presencia de las fuerzas federales se incrementó en niveles también históricos en ese municipio, sin embargo, la violencia prevaleció. Estamos quizá ante una fractura de la seguridad que se reproduce como sistema, es decir, la violencia se explica a sí misma en el actuar de las organizaciones criminales. Estos grupos tienen un grado de permeabilidad social donde se recrea la criminalidad como parte de la vida cotidiana en relaciones cada vez más horizontales. Se trata de la fractura de los moldes que diferencian lo correcto y lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, así como la vida en honestidad y deshonestidad. La delincuencia en sus alcances sociales logró articularse con una virulencia creciente: se auto-explica y se reproduce.
El caso de Chilapa es emblemático del modo de operar de los grupos criminales porque se reproduce en diferentes puntos del país. Estamos ante la suma o si se quiere ante el tipo de problemática que afectará en los próximos años un creciente número de municipios. La delincuencia encontró un modo de continuar y fortalecer sus actividades internándose en los núcleos de organización de la vida social.
En otros términos, este modelo de operación de la delincuencia consiste básicamente en internarse en la vida social, en crear relaciones de apoyo deshonestas, en cifrar el ascenso social súbito con base en la drogas, la violencia y la impunidad. Lo que distingue de manera esencial este modelo de operación radica en abrir frentes simultáneos en las instituciones, se trata de la lógica de la catástrofe. Se desestabilizan y vulneran las instituciones públicas, sociales y privadas, mientras que las organizaciones criminales se cohesionan hacia adentro como nuevos grupos sociales.
En efecto, lo que distingue en México y en diferentes países a las organizaciones criminales de nueva generación es su capacidad de convertirse en nuevos grupos sociales, que producen, distribuyen, venden e invierten las ganancias de la venta de drogas y de otras actividades delictivas como el secuestro y el robo, afianzándose como parte del todo colectivo, pero creando nuevos entornos, modos de vida, y aspiraciones entre las comunidades, los pueblos y las colonias.
Se minan las bases de movilidad social, la legitimidad de los gobiernos, la eficacia de las instituciones de seguridad pública, la credibilidad de las Fuerzas Armadas y se cuestionan los modos honestos de vivir ante la inmediatez de los beneficios que aportan las actividades criminales. Estudiar, esforzarse, trabajar y hacerse de un patrimonio son vectores de socialización que se fracturan ante los modos de vida fundados en la riqueza súbita, en ello, la pobreza es un factor y a veces no lo es.
En otros municipios del país donde esta lógica de operación de la delincuencia es una evidencia se cuenta con infraestructura social básica, escuelas, clínicas, hospitales e ingresos por encima de la línea de la pobreza, sin embargo el mismo patrón se reproduce. Lo que la delincuencia está haciendo es fracturar desde su base la institucionalidad del Estado de derecho y de la democracia con base en el poder del dinero, las armas, la riqueza súbita, la expectativas, y los modos deshonestos de vivir que pasan a volverse “legítimos” al seno de nuevos grupos sociales.
En un creciente número de municipios los jóvenes aspiran a convertirse en sicarios, a tener dinero, mujeres, autos, y ropa de marca dedicándose a las actividades delictivas. Llama la atención que la mujer sea vista como un objeto para dar satisfacción y realizar los deseos de los hombres. En todos los niveles educativos los propios compañeros de clase venden drogas dentro y fuera de las escuelas, y la violencia inicia cuando otros grupos disputan el control de la venta. La asociación entre experiencia vital y dinero cada vez es mayor, es decir, la realización individual en sus nexos con el reconocimiento colectivo se deposita en el mundo de las cosas, en la posesión de objetos, en la acumulación y el interés individual a costa de todo y todos.
Los maestros del país son quienes mejor podrían explicar las crecientes dificultades que se viven dentro de las aulas: falta de respeto como actitud cotidiana, deserción, violencia, adicciones, agresiones entre compañeros, pérdida del sentido de grupo y solidaridad, dominancia del interés y del dinero, fractura de moldes aspiracionales, y una lógica perversa en que los estudiantes se empoderan a costa de su maestros, madres y padres bajo esquemas indefinidos de responsabilidades mutuas.
La delincuencia se torna invasiva de los núcleos que articulan nuestra sociedad, a saber: empresas, mercado, instituciones y escuelas. Por eso no extraña que la delincuencia esté en las calles mientras que los ciudadanos se refugian en sus hogares; sin embargo, la delincuencia sabe que infiltrar estos núcleos en el peor de los casos le dejará como dividendos el descrédito y la inestabilidad institucional. La infiltración es poder, facilidad y control pero también es sembrar la catástrofe. Al minar las bases y la representación de la autoridad la delincuencia se muestra como referente colectivo.
Es difícil saber si la delincuencia racionaliza el alcance de sus acciones, sin embargo, la experiencia concreta les reporta ventajas y avances. Los ingresos trasnacionales que tiene les da ventajas, ofrece respuestas inmediatas a quienes reclutan; infiltra o asesinan a elementos de las instituciones; y compra poder y “prestigio” asociado al miedo y la posesión de bienes. En suma, se constituye en eje de desestabilización social, institucional y política. Estos son algunos de los elementos que integran la problemática de seguridad que como factor adverso muestra capacidades para extenderse con rapidez a diferentes zonas de nuestro país. Habrá que preguntar quién tiene respuestas para enfrentar la dinámica delincuencial del Siglo XXI.
