/ lunes 26 de marzo de 2018

¿Qué regresen las Fuerzas Armadas a los Cuarteles? - Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

Desde hace varios años diferentes actores señalan en público y en privado que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles y dejar en manos civiles la seguridad  pública y hasta la seguridad interior. La respuesta a la pregunta de si deberían hacerlo es un categórico si. En ninguna nación donde prive el Estado de derecho las Fuerzas Armadas deberían estar en las calles asumiendo tareas que corresponden a policías federales, estatales y municipales, menos aun deberían detener delincuentes comunes así se trate de delitos federales, y menos todavía ser la única o si se quiere la respuesta obligada a las condiciones de inseguridad en diversas regiones, esa es responsabilidad de los gobiernos electos de manera democrática y legítima.

La razones para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles son varias, aquí algunas: a) En concepto, doctrina y operación no surgieron para perseguir y detener delincuentes, menos aún para cuidar colonias, calles y avenidas; b) El marco jurídico existente no prevé aún la metodología, protocolos, tiempos, alcances y límites de sus acciones en tiempos de paz, aunque ya están previstas en una Ley de Seguridad Interior aun por definirse; c) No son policías ni están acreditados para actuar como primeros respondientes ante la comisión de un delito; d) Su adiestramiento, táctico y misión es para defender a la patria, la soberanía nacional, la integridad de Estado y actuar en materia de seguridad interior;  e) la generación y explotación de inteligencia militar no se diseñó ni tiene atribuciones para dar seguimiento a objetivos delincuenciales, salvo los previstos por la Ley; f) se expone al Instituto armado a una contaminación y exposición sistemática frente al crimen; g) se delega la responsabilidad de la seguridad pública local y estatal al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina Armada de México; h) denigra a las Fuerzas Armadas  perseguir delincuentes; i) la delincuencia y sus aliados buscan maximizar cualquier error operativo para denostar la imagen pública del Instituto Armado; j) las acciones militares hasta ahora desarrolladas están contenidas, es decir, se obliga a los militares a actuar como seguridad civil limitando su capacidad real de actuar contra un objetivo; y k) la lista podría seguir como con 100 incisos más.

En el caso mexicano, una situación es real, pocos quieren al Ejército y a la Marina en las calles como una solución real y efectiva contra la delincuencia, empezando por el Ejército y la Marina.  Marinos y soldados no quieren, no les interesa, no lo desean, y además saben que no fueron entrenados para ello; cada vez que van a una misión saben que el mínimo error les puede costar severas penalidades en la disciplina militar y truncar una trayectoria construida con años de lealtad, valor y patriotismo.

Un amplio grupo de actores políticos tampoco los quiere en las calles como se hizo evidente en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior donde proliferaron las más airadas criticas; los delincuentes tampoco los quieren en las calles porque no los pueden corromper y porque las Fuerzas Armadas evidencian la cobardía, estupidez y carencia de sentido de patria de esa delincuencia envilecida.

Por otra parte, también están algunas organizaciones de derechos humanos  que subrayan los riesgos de que personal militar esté desplegado en diferentes  zonas del país en una gama que va desde las que señalan riesgos para los propios derechos humanos hasta las que precisan que si bien las Fuerzas Armadas son baluarte del Estado de derecho no deben participar en tareas de seguridad pública; así las cosas, son múltiples las voces que dicen que se regresen a los cuarteles, pero también dicen que regresen hasta que se garantice la seguridad de la ciudadanía, hasta que se tengan policías estatales y municipales sólidas, hasta que la población no esté en riesgo, hasta que se tenga un estructura institucional funcional, hasta que otras fuerzas federales puedan ocupar su lugar,  y el hasta continua y continua y continua.

Ocurre también en el caso mexicano que las voces que de manera mayoritaria y sin cortapisas señalan que sí quieren al Ejército y a la Marina son de quienes viven en esas colonias, barrios, pueblos y comunidades donde el hampa se apodera de todo, donde los delincuentes matan, violan, descuartizan personas, se apoderan de casas, terrenos y fincas, y destruyen todo principio de tranquilidad y seguridad; sin embargo, aún en esas zonas el hampa tiene su “base social” que de vez en vez sale a marchar con mantas a defender abiertamente a los delincuentes.

En medio de todo esto sucede algo extraordinario, y es que cada vez que se menciona en los eventos oficiales a las Fuerzas Armadas el reconocimiento aparece unánime o casi unánime, y se destacan los logros de SEDENA y SEMAR contra la delincuencia, se reputen los números históricos de decomisos de armas, drogas, aeronaves, embarcaciones, y demás “juguetes” de los delincuentes, así que por un lado se sabe que su desempeño es ejemplar, eficaz y contundente aunque no actúen como una Fuerza Armada sino como una “especie” de policías de élite, y por otra se dice que estarían mejor en los cuarteles. Así aparece la misma conclusión de cada año: no deberían estar en las calles, deberían estar en los cuarteles pero, se necesitan.

Ahora bien, se habla de múltiples alternativas para encontrar una salida a la ingrata conclusión antes expuesta: legalizar las drogas, fortalecer la política social, mejorar y profesionalizar las policías estatales y municipales; invertir en seguridad; concentrar todas las fuerzas armadas y civiles en la lucha contra el crimen; y hasta negociar con los grupos delincuenciales o en su caso establecer una “amnistía”. Algunas de estas propuestas son serias y analíticas, otras son generalidades, y otras más, carecen de mayor abundamiento jurídico, social e institucional.  La cuestión es ¿Cómo,? y ¿Es factible?. El Secretario de la Defensa Nacional Gral. Salvador Cienfuegos advirtió desde diciembre del año 2016 que la problemática no se va a resolver a balazos y que hay mucho por hacer refiriéndose a presupuestos y responsabilidades civiles.

La respuesta al desafío en materia de seguridad púbica está en el mundo civil, y ya que estamos en campañas para elegir más de 18 mil cargos de elección popular, se tiene la mejor oportunidad para explicar de manera clara y sencilla  el ¿Cómo?, y si es factible. En una democracia las campañas políticas son el marco para que quienes disputan el voto ciudadano expongan sus políticas públicas, programas y acciones para gobernar, y está en la ciudadanía elegir entre esos marcos programáticos, así que la respuesta habrá de ser colectiva, y la responsabilidad de encontrar salidas es de todos, por lo menos de todos los que vamos a votar, el cual es el derecho soberano a elegir a nuestros gobernantes y de forma sobresaliente, elegir cómo queremos que nos gobiernen, con qué ideas, con qué principios, con qué estrategias.  

Desde hace varios años diferentes actores señalan en público y en privado que las Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles y dejar en manos civiles la seguridad  pública y hasta la seguridad interior. La respuesta a la pregunta de si deberían hacerlo es un categórico si. En ninguna nación donde prive el Estado de derecho las Fuerzas Armadas deberían estar en las calles asumiendo tareas que corresponden a policías federales, estatales y municipales, menos aun deberían detener delincuentes comunes así se trate de delitos federales, y menos todavía ser la única o si se quiere la respuesta obligada a las condiciones de inseguridad en diversas regiones, esa es responsabilidad de los gobiernos electos de manera democrática y legítima.

La razones para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles son varias, aquí algunas: a) En concepto, doctrina y operación no surgieron para perseguir y detener delincuentes, menos aún para cuidar colonias, calles y avenidas; b) El marco jurídico existente no prevé aún la metodología, protocolos, tiempos, alcances y límites de sus acciones en tiempos de paz, aunque ya están previstas en una Ley de Seguridad Interior aun por definirse; c) No son policías ni están acreditados para actuar como primeros respondientes ante la comisión de un delito; d) Su adiestramiento, táctico y misión es para defender a la patria, la soberanía nacional, la integridad de Estado y actuar en materia de seguridad interior;  e) la generación y explotación de inteligencia militar no se diseñó ni tiene atribuciones para dar seguimiento a objetivos delincuenciales, salvo los previstos por la Ley; f) se expone al Instituto armado a una contaminación y exposición sistemática frente al crimen; g) se delega la responsabilidad de la seguridad pública local y estatal al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Marina Armada de México; h) denigra a las Fuerzas Armadas  perseguir delincuentes; i) la delincuencia y sus aliados buscan maximizar cualquier error operativo para denostar la imagen pública del Instituto Armado; j) las acciones militares hasta ahora desarrolladas están contenidas, es decir, se obliga a los militares a actuar como seguridad civil limitando su capacidad real de actuar contra un objetivo; y k) la lista podría seguir como con 100 incisos más.

En el caso mexicano, una situación es real, pocos quieren al Ejército y a la Marina en las calles como una solución real y efectiva contra la delincuencia, empezando por el Ejército y la Marina.  Marinos y soldados no quieren, no les interesa, no lo desean, y además saben que no fueron entrenados para ello; cada vez que van a una misión saben que el mínimo error les puede costar severas penalidades en la disciplina militar y truncar una trayectoria construida con años de lealtad, valor y patriotismo.

Un amplio grupo de actores políticos tampoco los quiere en las calles como se hizo evidente en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior donde proliferaron las más airadas criticas; los delincuentes tampoco los quieren en las calles porque no los pueden corromper y porque las Fuerzas Armadas evidencian la cobardía, estupidez y carencia de sentido de patria de esa delincuencia envilecida.

Por otra parte, también están algunas organizaciones de derechos humanos  que subrayan los riesgos de que personal militar esté desplegado en diferentes  zonas del país en una gama que va desde las que señalan riesgos para los propios derechos humanos hasta las que precisan que si bien las Fuerzas Armadas son baluarte del Estado de derecho no deben participar en tareas de seguridad pública; así las cosas, son múltiples las voces que dicen que se regresen a los cuarteles, pero también dicen que regresen hasta que se garantice la seguridad de la ciudadanía, hasta que se tengan policías estatales y municipales sólidas, hasta que la población no esté en riesgo, hasta que se tenga un estructura institucional funcional, hasta que otras fuerzas federales puedan ocupar su lugar,  y el hasta continua y continua y continua.

Ocurre también en el caso mexicano que las voces que de manera mayoritaria y sin cortapisas señalan que sí quieren al Ejército y a la Marina son de quienes viven en esas colonias, barrios, pueblos y comunidades donde el hampa se apodera de todo, donde los delincuentes matan, violan, descuartizan personas, se apoderan de casas, terrenos y fincas, y destruyen todo principio de tranquilidad y seguridad; sin embargo, aún en esas zonas el hampa tiene su “base social” que de vez en vez sale a marchar con mantas a defender abiertamente a los delincuentes.

En medio de todo esto sucede algo extraordinario, y es que cada vez que se menciona en los eventos oficiales a las Fuerzas Armadas el reconocimiento aparece unánime o casi unánime, y se destacan los logros de SEDENA y SEMAR contra la delincuencia, se reputen los números históricos de decomisos de armas, drogas, aeronaves, embarcaciones, y demás “juguetes” de los delincuentes, así que por un lado se sabe que su desempeño es ejemplar, eficaz y contundente aunque no actúen como una Fuerza Armada sino como una “especie” de policías de élite, y por otra se dice que estarían mejor en los cuarteles. Así aparece la misma conclusión de cada año: no deberían estar en las calles, deberían estar en los cuarteles pero, se necesitan.

Ahora bien, se habla de múltiples alternativas para encontrar una salida a la ingrata conclusión antes expuesta: legalizar las drogas, fortalecer la política social, mejorar y profesionalizar las policías estatales y municipales; invertir en seguridad; concentrar todas las fuerzas armadas y civiles en la lucha contra el crimen; y hasta negociar con los grupos delincuenciales o en su caso establecer una “amnistía”. Algunas de estas propuestas son serias y analíticas, otras son generalidades, y otras más, carecen de mayor abundamiento jurídico, social e institucional.  La cuestión es ¿Cómo,? y ¿Es factible?. El Secretario de la Defensa Nacional Gral. Salvador Cienfuegos advirtió desde diciembre del año 2016 que la problemática no se va a resolver a balazos y que hay mucho por hacer refiriéndose a presupuestos y responsabilidades civiles.

La respuesta al desafío en materia de seguridad púbica está en el mundo civil, y ya que estamos en campañas para elegir más de 18 mil cargos de elección popular, se tiene la mejor oportunidad para explicar de manera clara y sencilla  el ¿Cómo?, y si es factible. En una democracia las campañas políticas son el marco para que quienes disputan el voto ciudadano expongan sus políticas públicas, programas y acciones para gobernar, y está en la ciudadanía elegir entre esos marcos programáticos, así que la respuesta habrá de ser colectiva, y la responsabilidad de encontrar salidas es de todos, por lo menos de todos los que vamos a votar, el cual es el derecho soberano a elegir a nuestros gobernantes y de forma sobresaliente, elegir cómo queremos que nos gobiernen, con qué ideas, con qué principios, con qué estrategias.