/ viernes 21 de diciembre de 2018

SinGuardiaNacional, militares al cuartel

En México la Constitución establece que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (Artículo 129), en otras palabras, deberán estar en sus cuarteles;y también establece que el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior (Artículo 89), este es el centro de una discusión que los poderes Legislativo y Ejecutivo no resolvieron en 12 años. Existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que estableció el sustento operativo para la presencia de las fuerzas armadas en las calles (P./J. 38/2000), sin embargo, el dilema hoy es el mismo: la falta de claridad jurídica.

Ante la crisis de seguridad pública e interior que nos toca vivir se necesita el trabajo de militares y marinos, sin embargo, no hay acuerdo sobre cuál debe ser el marco jurídico que regule su accionar en defensa de la sociedad. El último intento fue la Ley de Seguridad Interior, en este caso la SCJN determinó que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia, entre otros puntos no menos relevantes.En suma,se carece de un marco jurídico claro y preciso que regule el desempeño de las fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles a la mitad de la más grave crisis de seguridad del Estado mexicano moderno.

En estos doce años se tensó hasta su límite la interpretación y aplicación de diferentes leyes para respaldar la presencia de nuestras fuerzas armadas para proteger a la sociedad y a las instituciones.Durante la administración 2006-2012 la delincuencia organizada se ubicó como un tema de seguridad nacional para encontrar asideros sobre la participación de militares y marinos; y si bien, es consistente señalar que esta delincuencia llegó a representar y puede representar un riesgo a la seguridad nacional, se hizo evidente la necesidad de establecer un marco jurídico que definiera las misiones del Ejército y la Marina en estas tareas.

En la administración 2012-2018 las órdenes para mantener el despliegue militar se cifraron bajo el concepto de seguridad interior, el cual, dicho sea de paso, no está definido en ninguna parte por extraño que parezca. En otros términos, la seguridad interior que es la segunda misión de las Fuerzas Armadas no está definida en la ley. Sin embargo, en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y en los programas de la Secretaría de la Defensa y la Marina Armada de México se le dio consistencia a esta figura haciendo referencia a las instituciones democráticas y a la gobernabilidad. Cinco años después no fructificó la idea de colocar las acciones militares en apoyo a la sociedad en el marco de la Ley de Seguridad Interiorporque no pasó el examen del Poder Judicial. Volvimos al punto de partida.


Pareciera que varios sectores de la vida política nacional y regional han apostado a mantener una presencia y un despliegue militar en apoyo a los gobiernos estatales, a la sociedad y al conjunto de instituciones del Estado mexicano sin generar una ley o realizar una reforma a las leyes existentes, en suma, se ha preferido el vacío jurídico a establecer las atribuciones, la metodología y la estructura institucional que brinde certeza jurídica al actuar de soldados y marinos en defensa de la sociedad.

Esta posición política colocó a la SEMAR y a la SEDENA en una tensión creciente y en el vértice de un debate inacabado. Se ha expuesto a la Fuerza Armada permanente a toda clase de críticas a partir de la falta de un basamento jurídico constitucional y legal. Y aunque quizá para muchos suene incomprensible, para los militares es denigrante andar persiguiendo delincuentes, más aún cuando a vistas claras, lo que distingue a la delincuencia organizada en México es un actuar alevoso, cobarde, y carente de todo sentido de la vida, del deber y del honor.

El Presidentede la República señaló con contundencia la necesidad de terminar con esta simulación; y en efecto, es necesario establecer la función y misiones de la Guardia Nacional en la Constitución y en la Ley, y crear una fuerza con capacidad operativa, táctica y de despliegue en todo el país para generar seguridad pública. Los militares por paradójico que parezca han caminado muy solos los últimos doce años, reconocimientos sí, convocatorias sí, responsabilidad sí, pero certeza jurídica no. Esta circunstancia debe terminar porque en realidad la presencia del Instituto Armado en las calles sin una ley que le de certeza a los elementos sobre sus acciones ya es un despropósito tras doce años de debatir y hablar de lo mismo.

Los actores y partidos políticos coinciden en que las fuerzas armadas han generado aportaciones mayores a la seguridad, que sus resultados son históricos, que han respaldado a las instituciones civiles en todo México y que tienen los mayores niveles de confianza en la sociedad. Esos actores dicen que el regreso de los militares a los cuarteles es imposible, inadmisible, que no hay con qué sustituirlos, que no se podría tener seguridad en diversas regiones del país y que sería dejar a la gente a su suerte, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo difieren asumir una decisión congruente con la emergencia de seguridad que vivimos, y regatean los votos necesarios para crear la Guardia Nacional aunque saben que se necesita, que en este momento es improbable seguir experimentando, y que se han gastado miles de millones en otras iniciativas que no dieron los resultados esperados.


En México la Constitución establece que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (Artículo 129), en otras palabras, deberán estar en sus cuarteles;y también establece que el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior (Artículo 89), este es el centro de una discusión que los poderes Legislativo y Ejecutivo no resolvieron en 12 años. Existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que estableció el sustento operativo para la presencia de las fuerzas armadas en las calles (P./J. 38/2000), sin embargo, el dilema hoy es el mismo: la falta de claridad jurídica.

Ante la crisis de seguridad pública e interior que nos toca vivir se necesita el trabajo de militares y marinos, sin embargo, no hay acuerdo sobre cuál debe ser el marco jurídico que regule su accionar en defensa de la sociedad. El último intento fue la Ley de Seguridad Interior, en este caso la SCJN determinó que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia, entre otros puntos no menos relevantes.En suma,se carece de un marco jurídico claro y preciso que regule el desempeño de las fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles a la mitad de la más grave crisis de seguridad del Estado mexicano moderno.

En estos doce años se tensó hasta su límite la interpretación y aplicación de diferentes leyes para respaldar la presencia de nuestras fuerzas armadas para proteger a la sociedad y a las instituciones.Durante la administración 2006-2012 la delincuencia organizada se ubicó como un tema de seguridad nacional para encontrar asideros sobre la participación de militares y marinos; y si bien, es consistente señalar que esta delincuencia llegó a representar y puede representar un riesgo a la seguridad nacional, se hizo evidente la necesidad de establecer un marco jurídico que definiera las misiones del Ejército y la Marina en estas tareas.

En la administración 2012-2018 las órdenes para mantener el despliegue militar se cifraron bajo el concepto de seguridad interior, el cual, dicho sea de paso, no está definido en ninguna parte por extraño que parezca. En otros términos, la seguridad interior que es la segunda misión de las Fuerzas Armadas no está definida en la ley. Sin embargo, en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y en los programas de la Secretaría de la Defensa y la Marina Armada de México se le dio consistencia a esta figura haciendo referencia a las instituciones democráticas y a la gobernabilidad. Cinco años después no fructificó la idea de colocar las acciones militares en apoyo a la sociedad en el marco de la Ley de Seguridad Interiorporque no pasó el examen del Poder Judicial. Volvimos al punto de partida.


Pareciera que varios sectores de la vida política nacional y regional han apostado a mantener una presencia y un despliegue militar en apoyo a los gobiernos estatales, a la sociedad y al conjunto de instituciones del Estado mexicano sin generar una ley o realizar una reforma a las leyes existentes, en suma, se ha preferido el vacío jurídico a establecer las atribuciones, la metodología y la estructura institucional que brinde certeza jurídica al actuar de soldados y marinos en defensa de la sociedad.

Esta posición política colocó a la SEMAR y a la SEDENA en una tensión creciente y en el vértice de un debate inacabado. Se ha expuesto a la Fuerza Armada permanente a toda clase de críticas a partir de la falta de un basamento jurídico constitucional y legal. Y aunque quizá para muchos suene incomprensible, para los militares es denigrante andar persiguiendo delincuentes, más aún cuando a vistas claras, lo que distingue a la delincuencia organizada en México es un actuar alevoso, cobarde, y carente de todo sentido de la vida, del deber y del honor.

El Presidentede la República señaló con contundencia la necesidad de terminar con esta simulación; y en efecto, es necesario establecer la función y misiones de la Guardia Nacional en la Constitución y en la Ley, y crear una fuerza con capacidad operativa, táctica y de despliegue en todo el país para generar seguridad pública. Los militares por paradójico que parezca han caminado muy solos los últimos doce años, reconocimientos sí, convocatorias sí, responsabilidad sí, pero certeza jurídica no. Esta circunstancia debe terminar porque en realidad la presencia del Instituto Armado en las calles sin una ley que le de certeza a los elementos sobre sus acciones ya es un despropósito tras doce años de debatir y hablar de lo mismo.

Los actores y partidos políticos coinciden en que las fuerzas armadas han generado aportaciones mayores a la seguridad, que sus resultados son históricos, que han respaldado a las instituciones civiles en todo México y que tienen los mayores niveles de confianza en la sociedad. Esos actores dicen que el regreso de los militares a los cuarteles es imposible, inadmisible, que no hay con qué sustituirlos, que no se podría tener seguridad en diversas regiones del país y que sería dejar a la gente a su suerte, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo difieren asumir una decisión congruente con la emergencia de seguridad que vivimos, y regatean los votos necesarios para crear la Guardia Nacional aunque saben que se necesita, que en este momento es improbable seguir experimentando, y que se han gastado miles de millones en otras iniciativas que no dieron los resultados esperados.