En México el año 2017 fue el más violento desde que se llevan cifras del número de homicidios que se comenten en un año. Sin embargo más del cincuenta por ciento de esos homicidios se relacionan con la delincuencia organizada, y esa violencia se concentra en no más de 50 municipios del país, justo donde se ubica la dinámica de producción, distribución y venta de sustancias adictivas ya sea para el consumo nacional o para su venta en los Estados Unidos. De ese modo, es notable apreciar que mientras las drogas sigan siendo una fuente de grandes recursos económicos la disputa por los territorio continuará entre los grupos de la delincuencia organizada.
Los recursos de que disponen los grupos delincuenciales les permiten comprar armas, infiltrar las instituciones, generar su “política social”, generar lealtades sociales, convertirse en un nuevo grupo social, disponer de sicarios, financiar empresas lícitas, e invertir en los más diversos giros. No cederán los grupos que se enriquecen con esta industria en su pretensión de obtener poder, dinero, influencia y control de territorios, la razón es simple y a la vez compleja: la masa de recursos que obtienen de la venta de drogas no podrían obtenerla de otro modo, y la panacea de la legalización no es transitable, al menos por ahora.
La razón es simple: podría legalizarse la mariguana y la cocaína aquí y en los Estados Unidos, pero prevalece la pregunta de si se legalizarán drogas como la heroína o las nuevas drogas que son decenas de veces más potentes. Prevalece la pregunta de si se legalizará la nueva generación de drogas sintéticas. La respuesta es necesariamente ética y jurídica porque diversas drogas además de altamente adictivas ponen en riesgo la vida humana, las más de 60 mil muertes por sobredosis en el año 2015 en los Estados Unidos por el consumo de estas sustancias es clara muestra del riesgo que supone su consumo. Así las cosas se llegaría al mismo lugar: unas drogas sí y otras no, pero la discusión ética será la misma en materia de salubridad general del Estado.
Algunas voces señalan que al legalizar las drogas los grupos delincuenciales perderían sus cuantiosos ingresos, que las instituciones del Estado podrían permitir su producción por privados, que supervisarían su calidad, que armarían un padrón de usuarios y tasarían con impuestos la venta. La pregunta entonces es simple ¿qué drogas permitirá el Estado que se vendan en expendios especializados?, si la respuesta es algunas, la siguiente es por qué no las más de 650 drogas psicoactivas (NSP) que en números redondos hoy se venden en la calles, sino son todas, entonces se regresa el punto inicial. Es decir, permanecería el argumento que cuestiona al Estado al señalarlo como la entidad moral impositiva que dice qué si y qué no pueden consumir las personas. De otro lado, los grupos delincuenciales mantendrán su poder económico al producir, comercializar y vender las sustancias que no permite el Estado, las cuales por cierto son más económicas aunque sus efectos suelen ser mayores e incluso mortales como muestran las cifras disponibles.
En realidad, lo que pareciera que ocurre en los Estados Unidos es que se fortaleció una rama empresarial, acompañada de un efectivo lobbying, para abrir la línea de producción de drogas, la cual apuesta a un “nicho de mercado” que es el consumo de la mariguana, la cual ya se produce y vende con fines medicinales y “recreativos o lúdicos”. Así las cosas, podrían venderse la mariguana y la cocaína en la tienda de la esquina pero no acabará con el negocio de las drogas sintéticas que son las que ahora causan graves problemas de salud pública en Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa así como de América Latina.
Es el caso del fentanilo, opiáceo de producción económica con efectos mayores en el cerebro humano, y que muestra una alta probabilidad de matar a la gente. Dicen estudios recién publicados en medios nacionales e internacionales que puede ser 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. No es difícil imaginar la capacidad de generar adicción a la primera dosis y sus efectos en la conducta de las personas. A la DEA, la ONU, y desde luego a México les preocupan los efectos sociales, familiares y personales que esta sustancia tiene. Será interesante observar si también habrá lobbying para abrir expendios de fentanilo.
Así las cosas se llega al mismo lugar. O se legaliza todo o el punto de partida será siempre el mismo. Lo que la delincuencia organizada vende es lo que prohíbe el Estado. Si los inversores de las nuevas empresas de las drogas, y los seguidores del liberalismo pleno no están de acuerdo con que se vendan todas las drogas entonces se trataría de una posición pragmática e hipócrita.
Si quienes defienden la legalización de las drogas apuestan a que cada persona asuma la responsabilidad plena de lo que introduce en su cuerpo, se trata de una posición a discutir en términos de derecho y filosofía práctica, aún con los riesgos que suponga para la salubridad del Estado y sus externalidades en quienes no consumen estas sustancias, pues en múltiples casos las drogas sintéticas y no sintéticas pueden ser discapacitantes durante su consumo o suponer riesgos mayores para quienes las consumen y en evidencia para quienes comparten su entorno inmediato.
La pregunta es si consumir fentanilo puede verse también como parte del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad o el crack u otras sustancias, de ser así, habría de crearse una nueva generación de servicios de asistencia para el consumo de drogas, porque ha ser complicado cuidar de niñas o niños en ese estado, conducir, trabajar, o simplemente salir a la calle a caminar. Si el Estado permite la venta de todo tipo de sustancias entonces de qué se harán responsables la instituciones del Estado, qué limites se impondrán a los adictos, o se permitirá el consumo hasta esperar las consecuencias para imponer el derecho penal.
Mientras ese debate no se resuelva habrá que enfrentar a la delincuencia organizada con mayores capacidades públicas, normas y líneas de acción, la delincuencia no está dispuesta a ceder los ingresos que obtiene con la tragedia colectiva, no dejará de matar, no dejará de tratar de infiltrar a las instituciones, y de denostar a los gobiernos y a los cuerpos de seguridad pública en especial a las Fuerzas Armadas. La respuesta a la violencia que genera la delincuencia organizada difícilmente estará en permitir la libre venta de dos o tres sustancias, el problema es multidimensional, e inicia por el deber ser del Estado ante la ciudadanía.
