El próximo 26 de septiembre se conmemoran nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Un hecho que significó un punto de inflexión en la atención al fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Por ello, este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Como es sabido, la versión oficial inicial del gobierno mexicano sostenía que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, también en Guerrero, lo que se le conoce como “La verdad histórica”. Esta versión fue cuestionada desde el principio por las familias de las víctimas y por la sociedad civil, por lo que dio lugar a una serie de investigaciones que arrojaron luz sobre graves deficiencias en la investigación oficial.
La exigencia de las familias por saber la verdad de los hechos y presentar a los responsables ante la justicia llevó, a finales de 2014, a la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de investigadores internacionales independientes que desempeñaron un papel fundamental en la investigación de los acontecimientos al cuestionar la versión oficial de los hechos y señalar deficiencias en la investigación oficial.
Una de las características más destacadas del GIEI fue su independencia de las autoridades mexicanas. Los expertos que lo conformaron no tenían ningún vínculo con el gobierno ni con las instituciones mexicanas, lo que, en principio, garantizaba la imparcialidad y la credibilidad de su investigación.
El 25 de julio de este año el equipo de expertas y expertos independientes presentó su sexto y último informe para dar a conocer ante las familias y medios de comunicación, los últimos hallazgos y las dificultades presentadas durante su investigación.
En el informe, el GIEI puso en duda la versión oficial del gobierno sobre la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. Mediante investigaciones forenses y testimoniales detalladas, sugirieron que esta versión era poco probable. De la misma forma, señalaron la posibilidad de que algunos de los detenidos en relación con el caso hubieran sido torturados para obtener confesiones.
Asimismo, dentro de su informe señalaron que, autoridades municipales, estatales, integrantes del Ejército y de la Marina, supieron minuto a minuto el paradero de los estudiantes, sin embargo, se obstaculizó tal información, lo que provocó la construcción de una falsa versión de los hechos.
Estas diferencias y polémicas subrayaron la necesidad de una investigación imparcial y transparente en casos de violaciones de derechos humanos y la importancia de contar con expertos independientes que pudieran cuestionar la narrativa oficial.
Además de su labor de investigación, se emitieron algunas recomendaciones destinadas a mejorar la indagación y a abordar las deficiencias en el sistema de justicia mexicano. Estas recomendaciones abarcaron áreas como la reforma del sistema de justicia penal, la protección de testigos y víctimas, y la prevención de la tortura. Estas sugerencias no solo buscan resolver el caso Ayotzinapa, sino también mejorar las condiciones generales de derechos humanos en México.
En la presentación del informe, Carlos Martín Beristain, integrante del GIEI, advirtió sobre la falta de transparencia de las instituciones mexicanas para brindar información, lo que ha impedido conocer la verdad histórica de lo sucedido aquel trágico 26 de septiembre de 2014.
Beristain refirió que no hay indicios que indiquen alguna relación de los estudiantes con el narcotráfico, así como lo había señalado el Estado en su reporte.
El trabajo del GIEI atrajo la atención de la comunidad internacional hacia el caso de Ayotzinapa y la situación de los derechos humanos en México, lo que ejerció presión sobre el gobierno mexicano para que tomara medidas y respondiera a las preocupaciones planteadas.
Aunque, a la postre, y debido a las dificultades planteadas en su sexto informe, el GIEI no logró resolver completamente el caso, su independencia, credibilidad y hallazgos contribuyeron a mantener viva la atención sobre el caso y a presionar por una respuesta adecuada.
La trascendencia de este caso va más allá de las fronteras de México. Ha resonado en todo el mundo como un ejemplo de la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia en situaciones de violencia y violaciones de derechos fundamentales.
El caso Ayotzinapa y el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes continúan siendo un llamado a la acción para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y un recordatorio de que la verdad y la justicia son fundamentales para la construcción de sociedades más justas y equitativas.
