La creciente preocupación por los actos de corrupción, irregularidades y fraudes en el mercado ha generado inquietud entre inversionistas y expertos. En respuesta a esta problemática, se han propuesto reformas a la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de garantizar la seguridad de los inversionistas y fomentar la transparencia en el mercado mexicano. Uno de los proyectos destacados es el Anteproyecto de Reformas a la Ley del Mercado de Valores, presentado el 12 de agosto de 2022, que plantea la creación de un nuevo segmento en el mercado para los valores no inscritos. Esta medida permitiría a las empresas obtener financiamiento de manera más ágil y con menos requisitos.
Otra iniciativa relevante es la aprobada por el Senado de la República en abril de este año. Esta propuesta busca reformar, derogar y agregar disposiciones a la Ley del Mercado de Valores y a la Ley de Fondos de inversión. Uno de los puntos destacados es la introducción de un régimen simplificado de inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores, con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas interesadas en financiarse en el mercado bursátil mexicano.
Ante ello, han surgido opiniones divergentes respecto a estos proyectos. El economista Ernesto Gustavo O'Farril Santoscoy ha expresado su preocupación sobre la definición de un inversionista calificado y la inscripción de valores no filtrados en el Registro Nacional de Valores. Sin embargo, es necesario aclarar que su postura está basada en un proyecto que no fue aprobado y no refleja la versión final de las reformas. Específicamente al caso de reestructuración de Grupo Escorfín, que se valdrían de este tipo de iniciativas para terminar por cumplir sus obligaciones.
O'Farril ha cometido el mismo error que otros especialistas al ligar a Corafi con Escorfin. La verdadera razón del desacredito infundado podría ser las deudas que el propio economista mantiene con el grupo que lidera Roberto Guzmán, que en total suman 46 millones de pesos aproximadamente, derivados de juicios ejecutivos mercantiles, que fueron radicados en diversos juzgados de lo Civil de la Ciudad de México.
Esta no sería la primera vez que expertos en la materia pretenden afectar la reputación de una firma como Grupo Escorfin que, si bien es cierto continúa en un proceso de reestructuración, este lo ha hecho de manera puntual priorizando el pago a accionistas, inversionistas y empleados a través de programas basados en certificados bursátiles que han contado con el aval de las autoridades. Si partimos de que las reformas a la Ley del Mercado de Valores parecen necesarias para fortalecer la seguridad y transparencia, es fundamental promover un debate informado y objetivo, evitando la difusión de noticias falsas. Por lo pronto, este es un pleito que sigue agudizándose.
