La semana pasada se informó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Casanova Vallejo, S.A. de C.V.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), dirigida por Roberto Salcedo, inhabilitó a Casanova Vallejo por 45 meses, en septiembre de 2022, debido al incumplimiento del contrato AD-CS-DNAF-SRMS-024/2022 para el arrendamiento integral de vehículos terrestres y ambulancias destinadas a unidades médicas del ISSSTE a escala nacional.
Sin embargo, esta sanción no fue suficiente para detener los negocios de la empresa. A pesar de la medida impuesta por la SFP, los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, propietarios de la empresa, buscaron evadir la sanción. La compañía interpuso un recurso de revisión ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE, que finalmente fue denegado. A pesar de ello, no se dieron por vencidos y apelaron a otra instancia, presentando un juicio de amparo ante el Poder Judicial.
El 11 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) informó que el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva como resultado del amparo indirecto promovido por la empresa. Esto tenía el efecto de excluir a Casanova Vallejo del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, pero no resolvía el fondo del asunto, dejando en entredicho su responsabilidad.
A pesar de la inhabilitación, Casanova Vallejo continuó obteniendo contratos. Solo en lo que va del año 2023, la empresa de los hermanos Echenique acumuló 46 contratos con dependencias del gobierno federal, cuyo valor supera los 100 millones de pesos, según datos del portal de compras Compranet. Estos hechos ponen en evidencia deficiencias en el sistema de contratación y transparencia en el país.
Las alarmas de corrupción se elevaron cuando medios de circulación nacional expusieron problemas de transparencia e irregularidades en las compras gubernamentales, destacando la asignación de contratos a empresas a pesar de su inhabilitación. En un momento en que la sociedad exige mayor rendición de cuentas y un combate frontal contra la corrupción, estos hallazgos resultan inaceptables.
El viernes 21 de julio, mientras las denuncias resonaban en los medios, una nueva circular fue publicada en el DOF con información relevante. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó de manera definitiva la suspensión solicitada a la sociedad mercantil Casanova Vallejo. Esto ocurrió en el marco de la resolución del Amparo en Revisión 546/2022, que modificó la resolución emitida previamente por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 1707/2022-VII.
El documento detalla que, aunque la inhabilitación y multa impuesta a Casanova Vallejo inicialmente estuvieron en vigor desde el 19 de septiembre hasta el 11 de noviembre de 2022, esta última fue interrumpida por la suspensión definitiva desde el 12 de noviembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2023. Sin embargo, esta suspensión fue finalmente revocada por el tribunal colegiado, dejando claro que la inhabilitación sigue vigente desde el 7 de junio de 2023.
