Impulsa AIAG reforma a ley que regula a agentes inmobiliarios

León, Gto.- La Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado de Guanajuato (AIAG), dio a conocer que trabaja de manera coordinada con el Congreso del Estado de Guanajuato para fortalecer la labor de los participantes de las operaciones inmobiliarias.

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Buscan regular las prácticas inmobiliarias en el estado de Guanajuato

Lo anterior, luego que en la ciudad de León salió a la luz fraude inmobiliarios de presuntos remates bancarios, por lo anterior, mediante la colaboración de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, desde el segundo semestre del año pasado, la AIAG junto con el despacho INLEX BAJÍO impulsan y contribuyen los trabajos para la iniciativa de reforma a dicha ley que el jueves anterior presentó la diputada Márquez Alcalá.

Gabriel Ponce, presidente de la AIAG, indicó que reforma es a favor de los usuarios en el estado y agradeció al despacho jurídico INLEX BAJÍO su cooperación y al grupo parlamentario del PAN, en especial a la diputada Cristina Márquez por su apertura, acompañamiento y colaboración puntual

“Es un gran paso, ya que a esta ley le urge estar al día para que sea útil y proteja el patrimonio de las personas que desean adquirir o vender un bien inmueble, previniendo fraudes inmobiliarios”, manifestó.

Asociación de Agentes Inmobiliario señaló que los ajustes que se presentan en esta iniciativa de reforma destacan:

Cambio de nombre por Ley que Regula las Operaciones Inmobiliarias en el Estado de Guanajuato, lo que promueve la supervisión de todo el proceso de la transacción, así como de quienes participan en ella.

Colaboración más contundente por parte de las notarías para realizar una supervisión más exhaustiva en las operaciones.

Fortalecimiento para la regulación de las personas morales dedicadas a la actividad inmobiliaria y de asociaciones inmobiliarias mediante la acreditación.

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Incorporación de atribuciones a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para mayor coordinación entre las dependencias públicas que permitan un mejor funcionamiento de la ley.

Aumento del tipo de sanciones que promueven un mayor cuidado al patrimonio de las personas e inhiban posibles fraudes.