Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, volvió a denunciar con gran preocupación la situación de violencia que se vive en Nuevo León que en dos años ha dejado 78 muertos en los penales de la entidad.
Hemos observando total falta de compromiso del gobernador Jaime Rodríguez para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, y de manera muy lastimosa, las condiciones de los centros penitenciarios, en donde se han y siguen cometiendo graves y continuas violaciones a derechos humanos, a pesar de que el Estado es responsable de garantizar su bienestar y seguridad”, expuso la Hermana Consuelo Morales, que preside la citada organización.
La crisis penitenciaria que enfrenta Nuevo León, es una problemática que se ha vivido desde hace años, no obstante, en esta administración se ha deteriorado de manera alarmante, expuso.
“En tan solo dos años han ocurrido ocho eventos violentos que han dejado al menos 78 personas privadas de la libertad asesinadas y cientos heridas. Aunado a esto, todos los días las y los internos ven vulnerados sus derechos a una vida digna, a la alimentación, atención médica adecuada, a su integridad personal mediante el cobro de cuotas y amenazas, también son víctimas constantes de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como condiciones precarias en las instalaciones que viven”.
A esta grave situación, sumó la falta de transparencia y voluntad política de las autoridades estatales para atender la situación con base en la legalidad.
La administración estatal públicamente ha externado la necesidad de destinar mayor presupuesto a la problemática, sin embargo, recientemente el gobernador ha expresado que se destinará dinero a otros rubros, como la transferencia de 600 millones de pesos al DIF, explica Morales.
Eventos como el ocurrido en el mes de octubre en el penal de Cadereyta evidencian la grave situación que se vive: actuación delictiva de cuerpos policiacos, asesinatos, lesiones graves, hacinamiento, falta de control y transparencia por parte de las autoridades. Situación que aún sigue sin ser atendida del todo y que continúa en la impunidad, añade.
No debemos olvidar que si bien las personas privadas de la libertad cometieron un delito, la sanción es estar recluidas en la cárcel, es decir privadas de su libertad. Por su parte el Estado tiene como objetivo la reinserción social de estas personas, y ante los tratados internacionales de los que México forma parte, así como indican las leyes de nuestra Constitución, es responsabilidad del gobierno velar por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que tiene bajo su custodia.
Por todo lo anterior, resulta inconcebible que en un espacio delimitado, controlado por el Estado, se sigan violentando de forma tan grave los derechos humanos. Desde nuestra organización no descansaremos hasta conseguir las investigaciones serias, e independientes de expertos, sobre los hechos violentos y actos de corrupción sucedidos al interior de los penales estatales. Los asesinatos, torturas, extorsiones al interior de éstos, no pueden, no deben quedar en la impunidad, ya que rompe todos nuestros anhelos de justicia y de reconocer nuestra fraternidad”, menciona Consuelo Morales.
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