La Presidencia de la República y la Cámara de Diputados continúan su lucha en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se prohibió la publicidad oficial y la difusión de opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la revocación de mandato.
A pesar de que este ejercicio participativo ocurrió hace tres meses, tanto el Poder Ejecutivo como la Cámara baja interpusieron nuevos recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que se quejaron de la negación del Máximo Tribunal para suspender este acuerdo del órgano electoral.
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Este asunto emana de la controversia constitucional 47/2022 promovida por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a través del cual buscó echar abajo el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que nació de una solicitud para adoptar medidas cautelares en contra del presidente por parte del Partido Acción Nacional, por “emitir propaganda gubernamental en periodo prohibido''.
En su demanda el representante de Morena señaló que dicho acuerdo era inconstitucional, pues argumentó que el INE hizo propias facultades que únicamente le corresponden al Congreso al hacer una interpretación propia del término “propaganda gubernamental” para aplicar sanciones y medidas cautelares en contra del Poder Ejecutivo.
En su argumentación Gutiérrez Luna también señaló que esto no solo afecta la actuación del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión, sino que además vulnera los derechos ciudadanos de libre expresión y acceso a la información.
Por ello la Cámara de Diputados pidió a la SCJN suspender la aplicación de dicho acuerdo, en tanto no se resolviera el fondo del asunto, pero debido a que el Máximo Tribunal del país negó esta suspensión fue que tanto la Cámara como Presidencia tramitaron estos recursos de reclamación para intentar suspender este acuerdo de nueva cuenta.
De esta manera en la sesión del próximo 29 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte estudiará los recursos de reclamación 77/2022 y 78/2022 en el que deberá fijar una nueva postura que defina la situación de la suspensión solicitada, a pesar de que dicho ejercicio se realizó desde el pasado 10 de abril.
En otras instancias del Poder Judicial el tema sobre la revocación de mandato también ha estado presente. Tan solo el 8 de junio pasado el Tribunal Electoral determinó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como otros 16 gobernadores de Morena cometieron delitos electorales durante el proceso de revocación, por lo que determinó emitir a los Congresos locales los casos para que sean estos quienes decidan la sanción correspondiente.
Otros personajes como Mario Delgado, presidente de Morena, e incluso opositores como Sandra Cueva, mandataria de la alcaldía de Cuauhtémoc, también han sido juzgados por el Tribunal Electoral, que de igual manera determinó que ambos funcionarios cometieron actos ilegales en torno a la revocación, por lo que fueron multados o sus casos remitidos a otras instancias para que sean sancionados.
Con información de Alfredo Fuentes
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