Integrantes de la Plataforma Por la Paz y Justicia en Guanajuato, se reunieron con el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, para dar celeridad y presentar denuncias, de cinco casos distintos de personas que han sido violentadas en sus derechos humanos.
En la reunión, se obtuvo como resultado, que habría viabilidad para que se continúen con los trabajos de investigación y se turna el caso a las áreas correspondientes.
Los afectados y sus representantes, comentaron también, que están solicitando una audiencia con el gobernador del estado, Diego Sinhue, que les fue prometida desde el año pasado, por la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.
San Miguel de Allende
Estos casos, son los de Leonardo Reyes Cayente, migrante asesinado por oficiales de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en San Miguel de Allende, en el que sus representantes, pidieron que se reabriera la queja y se emitiera una nueva recomendación, debido a que la anterior, en la que se solicitaba la reparación del año no se ha cumplido.
Irapuato
El segundo caso expuesto, fue el de Juan Calcanas y su hijo Kevin, quienes fueron secuestrados en junio de 2019, cuando salían de su casa en el fraccionamiento los Reyes en Irapuato y que hasta la fecha continúan desaparecidos a pesar de que se pagó un rescate.
Norma Patricia Barrón, esposa y madre de las víctimas e integrante del colectivo de búsqueda “Una luz en el camino”, solicitó que se observara cual es el papel de la Fiscalía en la presentación de los inculpados de este hecho, además de que presentará nueva información.
San Francisco del Rincón
El tercer caso, es el de Pablo Núñez, joven empresario desaparecido el pasado 21 de octubre en San Francisco del Rincón, cuya desaparición provocó un gran movimiento social y empresarial en aquel municipio, bloqueando incluso la carretera León-San Francisco del Rincón y de quien nada se sabe hasta el momento.
La hermana de “Pablito”, acudió a actualizar información del caso, denunciar omisiones por parte de la Fiscalía, argumentando que no tiene una línea de investigación pero se negó a hablar con los medios. El caso, ya fue admitido por el comité de la ONU contra desapariciones forzadas.
León
Acompañada de su abogado, Laura Díaz Infante, esposa de Jorge González Topete, quien fuera localizado sin vida en la habitación de un hotel en noviembre de 2015, acudió ante el Procurador Vicente Esqueda, para presentar una denuncia en contra de la averiguación previa por la muerte de su esposo, en la que ella, perdió su calidad de víctima, debido a que dio a conocer información a los medios por la pasividad en las investigaciones de la Fiscalía. Su calidad de víctima fue restablecida gracias a un amparo.
Dalia Ramírez, abogada de María José N, la segunda joven que denunció ser víctima de agresiones sexuales por parte del ex diputado federal Jorge Romero, acudió con la intención de buscar una recomendación porque asegura que el Ministerio Público, ha sido deficiente en ser oportuno, en darle acceso a los actos de investigación a la víctima, específicamente, el análisis de un dictamen psicológico y en el vehículo, en donde la afectada refiere fue abusada. La queja iniciada corresponde al número 1731, en sus últimas siglas.
“Insistimos en que el diputado ha sido denunciado como agresor sexual, como el caso Regina, debe de haber un pronunciamiento por parte de una recomendación por que la fiscalía sabe que este sujeto o inculpado como diputado federal electo que llegó, debe de ser dado de alta en el Buró Nacional de los Agresores Sexuales, porque ya está acreditado en otras investigaciones para que tenga la imposibilidad de poder ejercer algún otro cargo político”, expresó la defensora de la joven.
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