León Gto.- Luego de la sentencia dictada el pasado 31 de marzo del 2022, el juez cuarto de distrito con sede en León otorgó la razón ante el amparo realizado por activistas por los derechos de las personas LGBTIQ+, mismo que obliga al Congreso a incluir a personas de la diversidad sexual y de género en el presupuesto estatal.

Lo anterior fue dado a conocer por la asociación AMICUS, durante una rueda de prensa presentada la mañana de este viernes, donde fue señalado como un hecho histórico.

El 11 de febrero de este año, se presentó una demanda de amparo, en la que anotaba la falla que tuvo el Congreso del Estado de Guanajuato de considerar a las personas de la diversidad sexual y de género en la ley de egresos de este año. Debido a que el excluir a las personas de la diversidad sexual y de género, lo consideran como una acción constitutiva de discriminación.

Para el 31 de marzo, durante la audiencia constitucional a propósito de este juicio de amparo, el juez cuarto de distrito con sede en León otorga la razón a las personas y ordena al congreso del estado a qué modifique la ley de egresos del 2022, para incluir dentro de contenido, un apartado específico que baste de recursos para la implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de las personas LGBT.

“Lo que queremos es hacer un llamado al congreso del estado y en particular al secretario general del congreso del estado, que se toma atribuciones siempre que no le corresponden, a que no presente un recurso de revisión en contra de esta resolución de amparo. En una resolución que reconoce derechos, es una resolución que al congreso del estado le señala una omisión y el congreso del estado debería reconocer que violenta derechos y entonces repararlo a través de ejecutar, en su totalidad, el contenido de la sentencia”, mencionó Juan Pablo Delgado.

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Mencionó que hay casos de personas que han tenido que pasar por un procedimiento judicial para adoptar, ser reconocidos, por lo que por medio de la organización dio a conocer en diferentes ocasiones el reconocimiento de sus derechos.

“Me imaginaria por ejemplo la creación de un espacio específico en el gobierno del estado destinado a personas LGBT, justo para que puedan facilitar y orientar este tipo de procedimientos. Eso sería muy favorable pero podrían ser también otro tipo de políticas públicas, producto de un diálogo de las diputadas y los diputados con las organizaciones colectivas y personas de la diversidad sexual de género que tengan el interés de participar en un ejercicio de esa naturaleza”, indicó.

“Creo que una de las grandes necesidades que enfrentamos, todos los días escucho historias de discriminación por parte del sector LGBTI y me toca atender estos casos y las historias son bastante, a veces, desgarradoras. Creo que una de las políticas públicas que tiene que implementar el estado de Guanajuato sí o sí a nivel estatal, y a nivel también de sus ayuntamientos es una capacitación sobre temas de sensibilización sobre la comunidad LGBTI, porque nuestros principales agresores son precisamente sus funcionarios, que todos los días desconocen los derechos de la comunidad LGBTI” agregó Juan Pablo.

El tiempo estimado para la resolución será de 10 días hábiles, a partir de que se notificó.