En la Ciudad de México, 591 mil 514 personas trabajaron en condiciones críticas en el último trimestre de 2017, lo que significó que sus ingresos no rebasaron los dos salarios mínimos (cinco mil 301 pesos) mensuales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CdMx, con cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de ocupación en condiciones críticas evolucionó de 12.3% en el primer trimestre del año pasado a 14.3% de los 4.1 millones de capitalinos que tenían un empleo entre octubre y diciembre. Lo anterior significó que casi 83 mil trabajadores vieron deteriorada su situación laboral en ese lapso.
Para Jesús Padilla, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, la ciudad requiere generar empleos para combatir la informalidad, pero, sobre todo, evitar trabajos con mini salarios.
“Tenemos que fomentar el empleo formal y para que esto suceda tiene que ser un empleo bien pagado, tiene que haber un incentivo y que vaya creciendo el trabajo formal y digno, pero no con esos mini salarios”.
¿Qué se requiere para poder combatir la informalidad?
-"El camino a la formalidad es muy complejo; son necesarios mecanismos de mejora regulatoria, créditos e incentivos fiscales para facilitar la creación de empresas y la incorporación a los negocios formales".
"Para los empresarios es muy difícil; abrir un restaurante, por ejemplo, porque debes cumplir con muchos trámites y tiempo después te ponen dos puestos de tacos afuera".
"La única forma de lograr crecimiento sostenido de la economía mexicana es aumentar la capacidad de consumo del ciudadano".
El dirigente empresarial explicó que desde Coparmex Ciudad de México los empresarios insistirán, como lo hace el organismo patronal a nivel nacional, en colocar en la agenda cinco temas fundamentales que deben ser prioritarios en los próximos seis años: además del incremento al salario mínimo; políticas monetarias que eviten la inflación; un crecimiento económico integral de la capital del país; el combate franco a la corrupción que ayude a crear certidumbre sobre el gasto público, un Estado de Derecho fortalecido y una mejora regulatoria que minimice las barreras para crear más y mejores empresas.
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