“¿Qué impacto tienen la opacidad e ineficiencia de la procuración y administración de justicia en la seguridad ciudadana?”, fue el título de panel en que participé, el martes 12, en el II Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, en León, organizado por la asociación Construyendo Comunidad, que conduce Alberto Capella, quien fue secretario de Seguridad en Morelos y Quintana Roo, y en Tijuana.
Inicié refiriendo “problemas de ineficiencia” constatados en mis dos últimas vivencias como usuario del servicio público de “procuración de justicia” en Irapuato. En una, fui testigo de cómo el agente del ministerio público exigió a adolescente, víctima a quien mutilaron sus manos, que presentara a su agresor y a los testigos (sus cómplices), “porque tú los conoces, sabes dónde viven y yo no tengo personal para traerlos”. La víctima y su padre quedaron incrédulos, estupefactos, desolados. En la otra, la agente del ministerio público presionó a víctimas de despojo de parcela, amenazas de muerte y lesiones, para conciliarse con agresor y llegó al absurdo de pedir a víctima que hiciera heredero a su agresor, “para evitar nuevas agresiones en la familia”, a pesar de que desde el inicio dijo no tenía disposición de conciliarse con agresor. La ministerio público se atrevió a decir que por su edad y ser invidente, estaba en estado de interdicción y requería tutor. La política de la fiscalía del estado es evitar, a toda costa, carpetas de investigación. Subregistro de delitos, opacidad, ineficiencia, inhumanidad. Negación de investigación criminal es consigna.
¿Qué hacer para vidas, libertades, derechos, patrimonios y para orden y paz? Por el tiempo pude hacer solo tres propuestas, a partir de una visión sistémica de seguridad ciudadana: Primero, crear el Centro Estatal y el Centro Nacional de Desarrollo Policial. Armonizados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, definido en la Ley General (instituye otros tres centros), ubicados en el Secretariado Ejecutivo correspondiente. El servicio de carrera policial, en lo municipal, estatal y federal es reto y exigencia constitucional y legal sin resolver. Asegurar un proyecto de vida digno, para todas nuestras policías, es inaplazable. Viene tercera generación de normas (luego de 1995 y de 2009), para contar con agentes profesionales, confiables, eficaces, resueltos en su misión. Financiarlo es indispensable. En esa mesa del congreso, Juan Marcos Gutiérrez reiteró propuesta de destinar una proporción del impuesto predial para seguridad municipal (ahí están primeros respondientes), que pasa por reforma constitucional, para evitar que alcaldes se desentiendan o lo desvíen. Centros de desarrollo policial deberán alinear estrategias de carrera y especialización en cada cuerpo, auditar profesionalización y resolver si merecen apoyos y subsidios federales y estatales; e imponer sanciones a los incumplidos.
Segundo, reubicar a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado, localizada en la Fiscalía Estatal. La propuse al gobernador Miguel Márquez, lo que gobiernos estatales se obligaron, en 2010, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para 2013 no la concretaba. Estrategia fundamental para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Propusimos ubicarla en la Secretaría de Finanzas, a su titular le dio miedo y la asumió el Fiscal, quien dejó pasar tiempo y ahora mal opera. Relocalizarla en Finanzas o en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como órgano técnico que realiza ciclo de inteligencia en el universo de las economías del estado, identificando lavado de dinero y pegando a la delincuencia donde le duele.
Tercero, énfasis en la prevención de violencias y delincuencias desde lo local. Con diagnósticos participativos desde barrio, colonia, escuela, empresa. Con una policía de proximidad municipal, de intervención oportuna, que inicia la carpeta de investigación al tener noticia criminal, que luego el ministerio público judicializa. El Fiscal del Estado está indispuesto a abrir su monopolio a las policías, primeros respondientes. Tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. La seguridad ciudadana es construcción ciudadana, también.
Analista político
@jalcants