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El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, propuso establecer que la edad mínima para el consumo de cannabis sean los 23 años, ya que afirmó hasta entonces se termina de desarrollar el cerebro humano.
“Dado que la madurez cerebral culmina aproximadamente a los 23 años, considero pertinente incrementar la edad mínima de consumo para que la exposición a cannabis resulte en un menor problema de salud, lo grave, y lo acentúo, es que ha crecido el uso en la población estudiantil, donde cerca del 3 por ciento de las niñas y niños de quinto y sexto año de primaria han consumido cannabis por lo menos una vez en su vida y un poco más del 10 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato han experimentado su uso”, advirtió durante una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
“Desde el punto de vista médico ratifico que el uso del cannabis no es inocuo y causa daños a la salud, entre ellos problemas mentales”, acotó.
Por su parte, consideró que la estrategia prohibicionista es “insostenible”, no sólo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados que ha presentado en materia de salud pública.
“La prohibición no se ha traducido en la reducción del consumo de cannabis. Se ha criminalizado inevitablemente a los consumidores, disminuyendo sus probabilidades de reinserción y rehabilitación y, sobre todo, el problema se ha convertido en una crisis de seguridad pública a nivel nacional", enunció.
Detalló que desde el sector salubridad se impulsa dar un “servicio socialmente responsable”, así como facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para toda aquella persona que lo solicite sin estigmatizar a los usuarios, en donde se les brinde un “seguimiento clínico y suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos personalizados y bajo supervisión médica”.
En su participación, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero defendió y aclaró que su propuesta en materia de regulación de cannabis fue realizada con un sentido social, a fin de despenalizar la siembra y cultivo de mariguana con fines medicinales, industriales o lúdicos, así como regular la cadena completa de producción, distribución y consumo.
Ello, enfocado en el sector campesino, quienes sostuvo son presionados por el crimen organizado y que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, como tampoco la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos. “Eso no es lo que motivó mi iniciativa", indicó.
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"Lo hice con un objetivo muy concreto: que miles de campesinos, víctimas de la delincuencia organizada, puedan obtener permisos de siempre y tengan asegurada la compra del producto por agentes autorizados para ello”, exclamó.
En este sentido, estimó que toda persona tiene derecho a su autodeterminación y libre desarrollo de su personalidad, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la jurisprudencia que abrió la puerta para su legislación en 2019.
“No tengo duda es que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo. Creo que la experiencia internacional nos ayudará a encontrar las mejores soluciones para México", afirmó.
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