Pese a la intervención del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que solicitó la liberación de Verónica Razo, víctima de tortura sexual y detención ilegal hace más de 11 años, un juez federal negó la libertad de la mujer porque su comprobante de domicilio no es reciente.
Así lo informó anoche Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quien a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter especificó que la decisión de dejar en prisión a Razo fue del juez octavo de distrito en el Estado de México, quien les negó el cambio de medida cautelar.
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“Claro, los comprobantes de domicilio los exhibimos desde hace un año y el juez se negó a revisar la medida (argumentando que el delito implicaba un régimen de excepción). Ahora la revisa (obligado por el Tribunal Unitario) y considera que los comprobantes están desactualizados”, acusó el funcionario.
De esta manera, aseguró que el juzgador volvió a inobservar la decisión del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU que solicitó la liberación de Vero luego de una investigación en la que concluyó en efecto que la detención fue arbitraria. “Tampoco sirvió que esté demostrado que es sobreviviente de tortura”, señaló Sandoval.
No hay justicia rápida y expedita: AMLO
Cuestionado sobre este tema durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema será abordado por Adán Augusto López, secretario de Gobernación; sin embargo, especificó que se trata de temas que tienen un avance muy lento en general.
“La verdad, que no hay justicia rápida y expedita, me refiero a los procesos judiciales, son muy lentos, y no debemos acostumbrarnos a eso. Una gente que es inocente, que ya se probó que le fabricaron un delito o que lo torturaron y existen las pruebas ¿Para qué está ahí detenido injustamente, si es inocente?”, criticó.
El 8 de junio de 2011 Verónica Razo, junto con su hermano, fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la desaparecida Policía Federal, quienes los señalaron por ser presuntos secuestradores durante un operativo que tiempo después se demostró que nunca existió. Durante el traslado y detención fue que los policías ejercieron tortura física, psicológica y sexual contra Razo.
Tras 11 años de prisión preventiva el IFDP realizó un litigio estratégico por la detención arbitraria y tortura de Verónica, luego de lo cual se inició el procedimiento para el cumplimiento de la resolución internacional del grupo de trabajo de la ONU, que concluyó en efecto que la detención de Razo fue arbitraria.
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Así, en mayo de 2022 el juez absolvió a Verónica por los delitos de delincuencia organizada y secuestro de tres personas. También absolvió a su hermano. No obstante, el mismo juez halló a Verónica responsable de otro secuestro, por lo que le impuso una pena de 25 años de prisión, determinación que fue apelada por el IFDP.
Finalmente, este mes el Instituto promovió un medio de defensa para el cese de la prisión preventiva, pero el juzgador nuevamente la negó. También negó cambiarle la prisión por el uso de un brazalete, la cual sería una opción para que Razo pueda seguir su proceso en libertad.
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