La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos a favor de Morena y aliados y 21 en contra de la oposición el dictamen para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial para transferir sus recursos, estimados en 15 mil millones de pesos, a la Tesorería de la Federación.
En medio de advertencias de jueces, magistrados y organizaciones de que la reforma representa una vulneración a la autonomía del Poder Judicial y una afectación a los derechos laborales de trabajadores del mismo, la Comisión reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.
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Así también se reformó la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios de del Estado, con lo que desaparecen cinco fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, seis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al iniciar la discusión, diputados de oposición indicaron que no corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reformar la normativa del Poder Judicial sino a la Comisión de Justicia, por lo que solicitaron rectificación de turno e incluso un parlamento abierto para escuchar a los afectados, sin embargo, su petición fue votada en contra por la mayoría de Morena.
La diputada panista Margarita Zavala acusó que la reforma impulsada por Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, es una venganza del presidente López Obrador en contra de la Suprema Corte por sus fallos y que afectará los derechos de 55 mil trabajadores del Poder Judicial, por lo que adelantó que van a presentar una acción de inconstitucional para frenar la modificación.
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Con la diputada Zavala coincidió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que se pronunció ayer en contra de la reforma, al advertir que atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores judiciales pues eliminaría prestaciones que ayudan a la subsistencia de sus familias.
La Asociación exigió se respete su derecho a tener una remuneración “que les permita llevar una vida digna y realizar su función en beneficio de la sociedad con absoluta autonomía e independencia y libre de influencias y presiones externas”.
En tanto, el diputado Hamlet García Almaguer sentenció que los fideicomisos permitían privilegios al interior del Poder Judicial y dijo que su extinción en comisiones los pone “en agonía” y que lo “único que los mantiene vivos es la respiración artificial que le está otorgando la oposición, por eso hoy es un buen día, porque está por terminar”.
La reforma aprobada ayer surgió del conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación, el cual escaló luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional su Plan B de reforma electoral; la determinación del máximo tribunal provocó que el presidente anunciara su Plan C que consiste en que Morena y aliados ganen la mayoría en el Congreso de la Unión para impulsar una reforma al Poder Judicial.
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El titular del Ejecutivo ha reprochado al Poder Judicial frenar el traslado de Guardía Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la liberación de implicados en el caso Ayotzinapa o del abogado Juan Collado, por lo que ha insistido en que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.
Se prevé que la reforma sea discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.
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