Luego de reanudarse la sesión a las 13:18 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 250 votos a favor la consulta pública a la ciudadanía en materia de seguridad (pública), impulsada por las bancadas del PRI y el PVEM y el rechazo del Frente conformado por los grupos del PAN, PRD y MC.
La pregunta: ¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?
Hay que recordar que para que esa pregunta llegue a las boletas electorales el 1 de julio de 2018, la ruta es la siguiente: aprobado el acuerdo por ambas cámaras –diputados y senadores-, se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales.
Además, al Instituto Nacional Electoral le corresponde verificar el porcentaje establecido de los firmantes. Y contará con un plazo no mayor a treinta días naturales, para constatar que los ciudadanos aparezcan en la lista nominal de electores, de acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular.
Entre las argumentaciones de los priístas, que los policías municipales son considerados como los más corruptos en un porcentaje de 68.1% de acuerdo a la ciudadanía y en un 68.4% de acuerdo a las empresas, solo superados por la policía de tránsito.
Que la experiencia ha demostrado que el esquema actual es insuficiente para combatir la inseguridad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, el 61.1% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa.
Asimismo, el 74.3% de la población considera a su entidad federativa insegura y en el caso de los municipios y delegaciones, como el ámbito más próximo a las personas, se registra un aumento en la percepción de inseguridad que incrementó de 63% en 2013 a 66.3% durante 2017.
Como consecuencia de ello, la población mexicana ha aumentado su gasto patrimonial en seguridad a 82 mil millones de pesos en medidas preventivas como cambiar o colocar cerraduras y candados, colocar rejas o bardas y cambiar puertas o ventanas, entre otras más.
Dicho gasto representa un 35.8% del ingreso total de cada familia, lo que constituye un impacto económico negativo en el gasto familiar como consecuencia del delito.
El gasto que se genera por la delincuencia también impacta a los negocios en México, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016, el 57.4% de las unidades económicas considera a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que les afecta, además de que el 35.5% de ellas fue víctima de algún delito durante 2015, registrando los siguientes porcentajes: 61% en las Unidades Económicas Grandes; 59.9% en las Medianas; 49.9% en las Pequeñas y 34.7% en las Micros.
Por lo que respecta a la inseguridad en los municipios como ámbitos más próximos a las personas, la inseguridad también ha incrementado al colocarse en un 66.3%.
Un comparativo entre 2011 y 2017, se advierte que hubo un incremento del 6%, lo que significa que la población percibe su entorno como más peligroso que antes. Todo ello a pesar del elevado número de policías con el que cuenta México y del presupuesto que se les destina.
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