León, Gto.- Tras su desplazamiento forzado por intento de homicidio, el comedor comunitario ubicado en Brisas del Campestre que estaba a cargo de Galilea Garcia, activista trans, fue cerrado, pues aunque fue un atentado directo contra ella, no quiso arriesgar a sus colaboradoras, dijo Jorge Jiménez Lona, alcalde interino de León.
“Entiendo que ahora ella pidió que se suspendieran las actividades, es la información que ella nos dio, lo que ella nos manifestó es que era un tema directo, muchas (colaboradoras) viven ahí en la zona, entonces estaremos atentos y si alguien requiere el apoyo van a contar con el municipio”, comentó el funcionario municipal.
Jiménez Lona aseguró que van a redoblar esfuerzos en el tema de seguridad en la zona y en el caso de las personas que comían con ella es posible que entre el programa municipal “León sin Hambre”, pues daba al día hasta 200 platillos.
El presidente municipal de León habló sobre el tema de la revictimización de la zona, pues debido a que hay un problema fuerte de venta de drogas, en ocasiones las empresas no quieren contratar a vecinos de Brisas del Campestre.
“Hay un destacamento de la Guardia Nacional en el lugar, lo que estamos viendo es un tema relacionado con la venta de narcóticos, es un problema fuerte, hay mucha gente muy trabajadora en esa colonias, yo no quisiera revictimizarlos porque a veces cuando hablamos de este lugar luego la gente dice 'quedo excluido, luego pido trabajo y no me dan por decir de dónde vengo'”, añadió.
Confirma consejo protección para Galilea
Por su parte, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, confirmó la protección para la activista.
Informó que desde el pasado 27 de marzo se tuvo conocimiento del caso de la activista Zurey Galilea, por lo que se le orientó para que presentara su denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato.
“El día 30 de marzo la activista informó al Consejo, que ya había presentado su denuncia, la cual fue recibida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para su atención, fijándose las medidas de protección para la activista y su familia.
El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía General del Estado, se mantienen en estrecha comunicación para el seguimiento del caso”.
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