En el marco de la democracia, la pureza del voto es uno de los pilares fundamentales que sostienen la legitimidad de un proceso electoral. Esta “pureza” se refiere a la imparcialidad y transparencia en la votación, que busca que las preferencias electorales sean expresadas libremente por los ciudadanos, sin coacción o intimidación.
Sin embargo, en la era digital, nos enfrentamos a desafíos que requieren adaptación y actualización de nuestras leyes para proteger este principio sagrado. Es por ello que desde abril del 2019 propuse una iniciativa que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de prohibir el ingreso de dispositivos electrónicos, como celulares y cámaras, a las mamparas de votación.
En aquel momento, la iniciativa quedó como pendiente, pero la retomo con urgencia en esta ocasión, debido a las próximas votaciones en nuestro país. Incluso, el Senador Miguel Ángel Mancera presentó hace apenas un par de semanas una solicitud muy similar a la que yo realicé en su momento. La necesidad de esta medida radica en la protección contra cualquier actividad fraudulenta que pueda poner en entredicho la voluntad soberana del pueblo mexicano. El acceso a dispositivos electrónicos en las mamparas de votación representa una amenaza latente, ya que podrían ser utilizados para capturar imágenes o videos que comprometan el secreto del sufragio o incluso para coaccionar a los electores.
El fraude electoral, definido como acciones ilícitas que buscan alterar los procedimientos y resultados electorales, ha sido un desafío persistente en nuestra historia democrática. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas que podrían ser mal utilizadas para este fin, representando un obstáculo adicional en la lucha por la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales.
La ausencia de regulaciones específicas que aborden el uso de dispositivos electrónicos durante el proceso del voto deja una brecha legal que podría ser aprovechada por aquellos con intenciones fraudulentas. Es por ello que resulta imperativo fortalecer nuestra legislación electoral para salvaguardar la integridad y la legitimidad de nuestro sistema democrático.
Esta prohibición no solo busca prevenir el fraude electoral, sino también garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a un voto libre y secreto. El acceso a estos dispositivos podría influir en la decisión de los electores, coartando su libertad y vulnerando la esencia misma de la democracia.
Es fundamental que como sociedad entendamos la importancia de esta medida y respaldemos los esfuerzos por fortalecer nuestras instituciones democráticas. Es momento de actuar con determinación y decisión para garantizar que cada elección refleje fielmente la voluntad soberana del pueblo mexicano.
Somos millones quienes creemos que México es enorme. Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.
Senador de la República
- @ErandiBermudez
