Dentro de la planeación hacendaria que se realiza cada año, para preparar tanto la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como posibles adecuaciones a otras disposiciones fiscales, como la Ley Federal de Derechos, actualmente, en el sector telecomunicaciones y radiodifusión existen dos temas en análisis.
En primer orden, el costo del espectro radioeléctrico que desde años atrás se ha venido señalando que nuestro país tiene el valor más caro, de ahí las devoluciones de algunas compañías de este recurso finito o la declaraciones desiertas o postergación de licitaciones. La solución esta sobre la mesa: recaudar a toda costa o dejar de forma inercial que las cosas sigan como están, o repensar en atraer inversión y desarrollo.
Por otra parte, recién en Estados Unidos, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes ha recomendado reducir a cero los fondos de medios públicos en su proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2024, lo que sería efectivo para 2026 y un recorte de 535 millones de dólares para la asignación actual, las principales críticas a ello es la supresión de programas infantiles educativos, que se trata de una robusta red de radiodifusoras en caso de emergencias, así como la producción de programas sobre historia y cultura norteamericana.
Mientras que en Estados Unidos inicia el debate para ya no financiar a los medios públicos, por su entorno económico; en contraste, en México sigue el fondeo con recursos públicos, en 2023 se destinaron 1,635.5 millones de pesos, entre el Canal 11, 22, Radio Educación, IMER y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El debate sobre los medios públicos ya está en varias partes del mundo: en Alemania se ha criticado a la Deustche Welle sobre el beneficio nacional de que tenga un alcance internacional y se le han recortado recursos dejando de transmitir en algunas lenguas, incluso europeas. En Inglaterra, muchos ciudadanos no están de acuerdo con pagar el canon de alrededor de 172 euros por ver la BBC, esta televisora pública consume cerca de 5,900 millones de euros, donde 4,400 provienen del canon, y para 2027 se revisará su situación.
Precisamente, a diez años de la reforma constitucional en el sector telecomunicaciones en México, en el rubro de los medios públicos se discutió que se habían utilizado con fines parciales es que hubo la necesidad de plasmar en el texto constitucional que deben contar con independencia editorial del Gobierno, no obstante, han persistido las quejas sobre su falta de independencia editorial y el costo presupuestal que representa para los ciudadanos, máxime ahora que se acercan las elecciones de 2024, se verá qué papel juegan, ya con antecedentes de sanción de parte del Tribunal Electoral.
En el ocaso de este sexenio aún tiene la posibilidad de planear con una visión más serena y revalorar lo que ha acontecido en cinco años, para que a partir de ahí entregar un gobierno en forma.
