IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Contrario a lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, de que nadie debería ser despedido a causa de la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus, trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron obligados a firmar su renuncia, a pesar de que su contrato vencía el 17 de abril.
Y no sólo eso, también les adeudan alrededor de seis mil pesos, además de que nunca les ofrecieron los gastos para gel y cubrebocas que les prometieron, pues les indicaron que ellos los compraran y luego les reponían el coste.
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“En la convocatoria se indicaba que nos iban a pagar 11 mil pesos, pero con impuestos eran 10 mil 500, pero en realidad nos daban siete mil 500 pesos, tampoco nos dieron los gastos de campo que nos prometieron y los pasajes los terminamos pagando nosotros”, dijo Stephanie Cecilia López, quien laboró como verificadora en el censo del Inegi.
A través del oficio 1318,5/655/2020, fechado el tres de abril, el coordinador estatal del Inegi, Jorge Humberto Dueñas Acuña, daba cuenta a los verificadores que se daba por concluido su trabajo, pese a que en el mismo documento se indicaba que el tiempo laboral era del 21 de marzo al 17 de abril.
Dicho oficio argumenta que de acuerdo al artículo 46, fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que “el nombramiento de los trabajadores deja de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de los órganos por la causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación”.
Por tanto, a partir del tres de abril “se da por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para este Instituto”, por lo tanto “se le solicita la entrega de todo el material que haya recibido para el desempeño de sus labores”.
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Por ello, se les pedía su renuncia de igual manera sin responsabilidad para el Inegi. Se trata de alrededor de 20 verificadores los que fueron obligados a renunciar y aunque varios de ellos se negaron a firmar dicha renuncia, ésta causó efectos y les fue recogido todo el equipo que les fue dotado.
La renuncia que se les pidió a los verificadores, denominada “acta de entrega”, se indicaba: “declaro que el INEGI no me adeuda a la fecha ninguna cantidad o prestación, siendo todo lo que tengo que declarar”. A pesar de que se les adeuda un pago de alrededor de seis mil pesos a cada verificador.