La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Fiscal General de esa entidad, Jorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de una activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o ausentes en el Estado de Veracruz, cuyo paradero aún se desconoce.

A la fecha no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables, por lo que el caso permanece impune.

El organismo defensor acreditó que cinco servidores públicos de dicha Fiscalía General violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación.

De esta forma, la CNDH solicitó en su momento a dicha Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida, para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares. Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016, un portal noticioso publicó en Internet una nota periodística sobre un grupo armado que privó de la libertad a dicha activista en el local en el que trabajaba.

Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades.

Considera que las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra.

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