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CNDH propone identificación oficial a personas con procesos penales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que las personas procesadas o sentenciadas penalmente que estén en libertad, deben contar  con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse, en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación.

De acuerdo con la estadística del sistema penitenciario, a mayo de 2017, hay 210 mil 810 personas privadas de la libertad, de las cuales 79 mil 870 (37.88%) se encuentran sujetas a proceso penal y  gozan de la presunción de inocencia, no obstante de que se presuma su inocencia, se le priva de ese derecho.

El organismo nacional, señala que la mayoría de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas penalmente no tienen pasaporte, ni Cartilla del Servicio Militar, ni cédula profesional, y las mujeres no cuentan con una cartilla,  sin embrago, afirma que hecho de que la orden jurisdiccional limite los derechos políticos no implica también, que el INE no pueda expedir la credencial para votar, ya que la limitación para el procesado o sentenciado en libertad se da en cuanto a sus derechos políticos, por lo que en dado caso, éstos son los que se suspenden, sin que ello implique también el que se le prive al derecho de contar con dicha identificación.

En este contexto, explica que el no contar con un documento oficial de identificación que garantice el derecho humano a la identidad personal, resulta incompatible con los principios de dignidad humana y de reinserción social, reconocidos en la propia Constitución Federal.

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La CNDH refiere que en el “Pronunciamiento sobre antecedentes penales” que emitió el 28 de agosto de 2016, se plantea que “es de suma importancia poder ofrecer a toda persona otra oportunidad ante la posibilidad de un proyecto de vida digna, frente al estigma que de por si vive posterior al internamiento en la prisión, en su caso, lo que le hace sentir, en muchas ocasiones, que sigue preso, motivando la generación del fenómeno de la “puerta giratoria”; es decir, la reincidencia, que es la antítesis de la reinserción social efectiva”.

Por ello, la CNDH se pronunció sobre el derecho de las personas procesadas y sentenciadas penalmente que se encuentran en libertad a contar con una identificación con validez oficial, ya que el derecho a la identidad garantiza el ejercicio de todas las demás prerrogativas y es acorde con el principio de interdependencia de los derechos humanos, pues sin éste la persona no es reconocida jurídicamente y su reinserción en la vida laboral, educativa, política y social es altamente limitada.

A través de esto, la CNDH llama la atención sobre la necesidad de implementar un documento gratuito de identificación oficial, desvinculado de procesos político-electorales o de cualquier otra índole, que garantice el acceso a las mismas oportunidades para cualquier persona y evite su exclusión social.

“En tanto eso se concreta, se propone que las personas procesadas o sentenciadas, que estén en libertad, puedan contar con la credencial para votar, para efectos exclusivos de identificación y sin que ello implique, en su caso,  restitución de los derechos políticos que les hubiesen sido suspendidos”, advierte el documento.

Basa su pronunciamiento en que las acciones que realizan las autoridades en materia de justicia penal y penitenciaria, no pueden ser contradictorias con el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el artículo 1º de la Constitución mexicana pues afectan el ejercicio de derechos que no deben ser suspendidos ni limitados a ninguna persona, incluidas aquellas que se encuentran vinculadas a proceso o en la ejecución de una sentencia penal en libertad.

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Ignacio Ramírez

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