Ayer, más de 500 organizaciones en todo el país agrupadas en la Coordinadora Nacional Agua para Todos protestaron frente a oficinas locales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para exigir la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, que integre la propuesta ciudadana presentada en el Congreso, la cual incluye el Derecho Humano al Agua.
Ricardo Ovando Ramírez, vocero nacional de dicha organización, en entrevista para El Sol de México explicó que la actual Ley de Aguas Nacionales es “obsoleta y permisiva, basada en un sistema de concesiones de libre mercado y tiene una sola autoridad que es el presidente Enrique Peña Nieto a través de la Conagua”.
Lo que permite decretos como los 10 firmados sobre las Reservas de Agua para el ambiente de 300 cuencas de México el pasado 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto y facilita que “gobernadores y presidentes municipales puedan otorgar millones de litros de agua en concesión de las cuencas para uso privado”.
Roberto Ramírez de la Parra, director de la Conagua, “lo que ha venido diciendo –señaló Ovando Ramírez, también integrante del Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecamac, Estado de México– es que son legales estos decretos y efectivamente son así pero están basados en una ley obsoleta, que ya debió haber sido cambiada desde febrero de 2013, aprobada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, teniendo en mente la firma del TLCAN en el año 1994”.
Asimismo, “no toman en cuenta el Artículo 4to. Constitucional, donde se habla del Derecho Humano al Agua, que señala que debe haber una corresponsabilidad entre el gobierno federal, los estatales, los municipales y la ciudadanía.
Hay otro detalle interesante, dijo el activista, “es el volumen que están considerando para uso público urbano y conservación ecológica, que son menores a los que gobiernos estatales y municipales concesionarán a las mineras, a la fractura hidráulica, a la urbanización extensiva.
Aunque está etiquetado el volumen, éste varía de cuenca a cuenca, por ejemplo, “en el Pánuco, 95% es para concesión, 1% para uso público urbano y 4% es para conservación ecología.
Por último, señaló el vocero de la Coordinadora Nacional Agua para Todos es que ya se están amparando los núcleos agrarios, de los 50 mil en todo el país, que fueron despojados de sus concesiones. Todos aquellos que no hayan renovado su concesión perderán su agua, informó.
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