/ miércoles 18 de mayo de 2022

FGR pide vincular a proceso a abogados relacionados con Julio Scherer por presunta extorsión

La FGR presentó una denuncia formal por segunda vez en contra de los tres abogados y un operador financiero por presuntamente extorsionar a Juan Collado

Por segunda ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal en contra tres abogados y un operador financiero a quienes señala por supuestamente extorsionar al abogado Juan Collado bajo la supervisión de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República.

Se trata de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Issac Pérez Rodríguez y el asesor David Gómez Arnau, quienes fueron citados a una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se reservaron su derecho a declarar.

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De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, los cuatro abogados se presentaron físicamente junto con sus defensores ante el juez, mientras que Collado y su abogado comparecieron mediante videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde Collado está recluido desde hace más de dos años.

Al inicio de la audiencia, la Fiscalía trató de interponer un incidente dentro de la causa debido a que investiga a algunos defensores de los abogados, mismos que calificaron esta acción como una “intimidación” por parte de la dependencia que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, el juez desechó este recurso por notoriamente improcedente.

Más adelante, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los abogados debido a que los señala por presuntamente obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banco Afirme, a cambio de conseguir un criterio de oportunidad que le permitiría abandonar la cárcel, acusándolos por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que respecta a González Hernández.

El pasado 28 de abril, la FGR logró judicializar por segunda ocasión la carpeta de investigación iniciada contra los abogados, pero esta vez lo hizo ante el Reclusorio Sur para que sea otro juez el que conozca del caso, dando paso así a la creación de la causa penal 130/2022.

En una ocasión anterior la FGR buscó imputar a los abogados ante un juez del Reclusorio Norte, pero debido a que las audiencias se difirieron y que los litigantes presentaron diversas impugnaciones al argumentar que no tuvieron acceso a los documentos de la carpeta de investigación en su contra, esta causa no prosperó.

Sin embargo, en una de esas primeras audiencias se dio a conocer que la Fiscalía cuenta con al menos 800 conversaciones entre Juan Collado Dot, hijo de Collado Mocelo, con los abogados que supuestamente extorsionaron a su padre, de las cuales al menos 200 tienen que ver con Helen Castillo, secretaria particular del exconsejero jurídico de la Presidencia.

Por segunda ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal en contra tres abogados y un operador financiero a quienes señala por supuestamente extorsionar al abogado Juan Collado bajo la supervisión de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República.

Se trata de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Issac Pérez Rodríguez y el asesor David Gómez Arnau, quienes fueron citados a una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se reservaron su derecho a declarar.

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Al inicio de la audiencia, la Fiscalía trató de interponer un incidente dentro de la causa debido a que investiga a algunos defensores de los abogados, mismos que calificaron esta acción como una “intimidación” por parte de la dependencia que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, el juez desechó este recurso por notoriamente improcedente.

Más adelante, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los abogados debido a que los señala por presuntamente obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banco Afirme, a cambio de conseguir un criterio de oportunidad que le permitiría abandonar la cárcel, acusándolos por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que respecta a González Hernández.

El pasado 28 de abril, la FGR logró judicializar por segunda ocasión la carpeta de investigación iniciada contra los abogados, pero esta vez lo hizo ante el Reclusorio Sur para que sea otro juez el que conozca del caso, dando paso así a la creación de la causa penal 130/2022.

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