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Incumplen autoridades 371 recomendaciones emitidas por la CNDH

  • Hugo Hernández
  • en México

La tarea encomendada a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) ha sido de una extensa labor; prueba de ello es que
desde su creación, en 1990, hasta el 15 de diciembre de 2016, ha
emitido 2 mil 555 recomendaciones dirigidas a 3 mil 102
autoridades, de las cuales, 371 aún tienen pendiente el
cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios que les fueron
dirigidos.

Todas y todos podríamos coincidir en que 2016 ha sido uno de
los años más dramáticos y violentos, en que las huellas nocivas
de la criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en
el ámbito de la protección de los derechos humanos, indicó el
ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Porque la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de
respeto por las normas, por las instituciones y por la dignidad de
las personas no son condiciones o factores que se generen en forma
espontánea, ese es un reto a erradicar en los próximos años.

El presidente de la CNDH admitió que nuestro país demanda una
visión que se sustente en el reconocimiento y respeto de los
derechos humanos y que, con base en ella, construya sus estrategias
de cambio social, político y económico, dando a los derechos
fundamentales una dimensión práctica, un reflejo real, no solo
una enunciación teórica.

“No defraudemos lo que la sociedad espera de nosotros. Si bien
es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la
oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan
el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así
como de permitir la mejor y debida persecución de los
delitos”.

El presidente de la CNDH dijo, con certeza, de que la ley se
aplicará de manera imparcial y no será objeto de negociación
alguna. Con la confianza, de que las investigaciones que se lleven
a cabo serán objetivas, integrales y respetarán los derechos
inherentes a las personas.

No obstante, por graves que sean las circunstancias que
atraviesa nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al
ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe
vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.

Bajo este contexto y pese a ser criticada la CNDH por algunos
organismos de la sociedad civil de actuar solo como monitor e
impulsor de que autoridades cumplan las recomendaciones formuladas,
la sola aceptación de las recomendaciones, por parte de las
autoridades, no alcanza para reparar el daño a las víctimas si no
va acompañado por el efectivo cumplimiento de las mismas.

A ello debe añadirse la falta de cumplimiento de las casi 3 mil
recomendaciones que distintos organismos y mecanismos
internacionales han formulado al Estado mexicano en la materia,
así quedó estipulado en su Informe Especial de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre las Recomendaciones en
Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y
Municipales en junio pasado.

El Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos deben
fortalecerse en el país, por lo que la contribución de este
organismo y el ombudsman nacional es ser coadyuvante al señalar
desviaciones de los servidores públicos y violaciones a los
derechos humanos que se cometen, y solicitar que se remedie tal
situación con la sanción y reparación correspondiente.

Así como el de contribuir a desterrar la impunidad y también
en sensibilizar a las mismas autoridades y la ciudadanía en
afianzar la convivencia en un marco de respeto y paz entre
todos.

“Viviremos en un verdadero Estado de Derecho cuando se
respeten, de manera plena, los derechos humanos de todas las
personas. Esto quizá es idealista, pero esperamos que nuestro
Gobierno, en particular de esta administración y de la que
vendrá, logre que en México exista realmente un estado de Derecho
pleno”, afirmó a título personal Norma Inés Aguilar León,
cuarta visitadora General de la CNDH.

En algunos de los casos emblemáticos, como el Caso Iguala y el
Informe Tanhuato, la CNDH ha realizado su labor de acuerdo a los
poderes que le han conferido y en el marco de sus atribuciones.

Así, en su informe de resultado de la revisión de los
posicionamientos de la PGR en torno a las 26 “observaciones y
propuestas” formuladas en el documento “Estado de la
investigación del Caso Iguala”, la CNDH dio respuesta oficial a
la PGR e hizo entrega del documento “Revisión de los
Posicionamientos Específicos”, en el cual concluyó que ninguna
de las 26 Propuestas fue atendida en su integridad y que, en muchos
casos, se trató de justificar su observancia con la mención de
diligencias no vinculadas al planteamiento específico.

En otros, la autoridad ministerial no proporcionó ningún
soporte documental a su posicionamiento. Se trata de una respuesta
de la PGR insuficiente e imprecisa ante las Propuestas sugeridas
por la CNDH.

El organismo público autónomo reiteró que el cumplimiento de
las Observaciones y Propuestas busca dar certeza para contribuir a
alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos en Iguala,
Guerrero, requisito indispensable para materializar el derecho de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la
aspiración a la no repetición de los actos.

Asimismo, en su Informe sobre los resultados de la
investigación realizada con motivo de los hechos acontecidos el 22
de mayo de 2015, en el “Rancho del Sol”, municipio de Tanhuato,
Michoacán, el organismo público autónomo concluyó que tras el
enfrentamiento armado se pudo documentar ejecuciones arbitrarias y
violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

“Hubo ejecuciones extrajudiciales durante el enfrentamiento
entre fuerzas federales y miembros del cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), ocurrido en Tanhuato, Michoacán”, refirió
en agosto pasado el ombudsman nacional, Luis Raúl González, en la
presentación de dicho informe, al emitir la Recomendación
4VG/2016, relativa a los hechos acontecidos en municipio.

En ese contexto, se pudieron confirmar, indicó, violaciones a
los derechos humanos en los hechos ocurridos que derivaron en la
muerte de 43 personas.

Hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la
fuerza, manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a
dos cuerpos, además de otras violaciones a los derechos humanos
menos graves.

Como resultado de la investigación realizada por este
organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, así
como otros elementos objetivos de convicción, se acreditaron
hechos que implican violaciones graves a derechos humanos
atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal, se
indicó, así como otras violaciones, no calificadas de graves,
imputables a personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Michoacán, consistentes, en su conjunto en; violaciones
al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó
en la ejecución arbitraria de 22 civiles; violaciones al derecho a
la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte
de 4 personas; violaciones a la integridad personal, legalidad y
seguridad jurídica, con motivo de los actos de tortura cometidos
en agravio de 2 personas detenidas; violaciones a la integridad
personal, legalidad y seguridad jurídica, con motivo del uso
excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y/o
degradante, al que fue sometido una persona; violaciones a los
derechos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y
a la verdad por la falsedad en los informes proporcionados por la
Policía Federal, respecto de las circunstancias en las que se
desarrolló el operativo en el “Rancho del Sol”.

También la falta de respeto, dignidad y consideración a dos
cadáveres, derivado de las quemaduras que presentaron al haber
estado expuestos a fuego directo; violaciones a la legalidad,
seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad,
con motivo de la manipulación del lugar de los hechos, en cuanto
al movimiento de siete cadáveres; de las armas relacionadas con
los mismos; la colocación deliberada de las armas de fuego que se
asociaron con 16 cadáveres y la substitución de otra.

El ombudsman recordó que actuar conforme a derecho y con
respeto a la dignidad de las personas, contribuye al efectivo
acceso a la justicia, así como a la vigencia de los derechos de
las víctimas del delito.

“Lo contrario propicia que se atropelle a inocentes y se
propicie la impunidad de los responsables”.

Como se recordará, autoridades federales dieron conocimiento de
un enfrentamiento armado en donde 42 presuntos integrantes de un
grupo de la delincuencia organizada y un policía federal
murieron.

De los fallecidos, 39 eran originarios de Ocotlán, Jalisco; uno
del municipio de Tala y dos de Michoacán.

Como se ha detallado, nuestro país ha sufrido y sufre los
efectos nocivos de la violencia, de la falta de respeto para los
demás, de la ignorancia, de la falta de solidaridad que se traduce
en la búsqueda y consecución de intereses individuales, aun
cuando ello implique perjuicios a los otros y afecte a la
sociedad.

Con independencia de cualquier solución de carácter reactivo o
de corto plazo que pretendamos implementar frente a esto, el
entorno adecuado para la convivencia social pacífica que nuestro
país demanda, en el cual sea posible el desarrollo pleno de las
personas, “solo se podrá conseguir si generamos una cultura,
entre autoridades y sociedad, que tome como eje el reconocimiento y
respeto de la dignidad humana, para lo cual, la educación ‘en y
para’ los derechos humanos resulta indispensable”, subrayó el
ombudsman nacional.

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Carmen Torres

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