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Incumplen autoridades 371 recomendaciones emitidas por la CNDH

  • Hugo Hernández
  • en México

La tarea encomendada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido de una extensa labor; prueba de ello es que desde su creación, en 1990, hasta el 15 de diciembre de 2016, ha emitido 2 mil 555 recomendaciones dirigidas a 3 mil 102 autoridades, de las cuales, 371 aún tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios que les fueron dirigidos.

Todas y todos podríamos coincidir en que 2016 ha sido uno de los años más dramáticos y violentos, en que las huellas nocivas de la criminalidad generaron un entorno problemático y complejo en el ámbito de la protección de los derechos humanos, indicó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Porque la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de respeto por las normas, por las instituciones y por la dignidad de las personas no son condiciones o factores que se generen en forma espontánea, ese es un reto a erradicar en los próximos años.

El presidente de la CNDH admitió que nuestro país demanda una visión que se sustente en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y que, con base en ella, construya sus estrategias de cambio social, político y económico, dando a los derechos fundamentales una dimensión práctica, un reflejo real, no solo una enunciación teórica.

“No defraudemos lo que la sociedad espera de nosotros. Si bien es cierto que el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así como de permitir la mejor y debida persecución de los delitos”.

El presidente de la CNDH dijo, con certeza, de que la ley se aplicará de manera imparcial y no será objeto de negociación alguna. Con la confianza, de que las investigaciones que se lleven a cabo serán objetivas, integrales y respetarán los derechos inherentes a las personas.

No obstante, por graves que sean las circunstancias que atraviesa nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas.

Bajo este contexto y pese a ser criticada la CNDH por algunos organismos de la sociedad civil de actuar solo como monitor e impulsor de que autoridades cumplan las recomendaciones formuladas, la sola aceptación de las recomendaciones, por parte de las autoridades, no alcanza para reparar el daño a las víctimas si no va acompañado por el efectivo cumplimiento de las mismas.

A ello debe añadirse la falta de cumplimiento de las casi 3 mil recomendaciones que distintos organismos y mecanismos internacionales han formulado al Estado mexicano en la materia, así quedó estipulado en su Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en junio pasado.

El Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos deben fortalecerse en el país, por lo que la contribución de este organismo y el ombudsman nacional es ser coadyuvante al señalar desviaciones de los servidores públicos y violaciones a los derechos humanos que se cometen, y solicitar que se remedie tal situación con la sanción y reparación correspondiente.

Así como el de contribuir a desterrar la impunidad y también en sensibilizar a las mismas autoridades y la ciudadanía en afianzar la convivencia en un marco de respeto y paz entre todos.

“Viviremos en un verdadero Estado de Derecho cuando se respeten, de manera plena, los derechos humanos de todas las personas. Esto quizá es idealista, pero esperamos que nuestro Gobierno, en particular de esta administración y de la que vendrá, logre que en México exista realmente un estado de Derecho pleno”, afirmó a título personal Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora General de la CNDH.

En algunos de los casos emblemáticos, como el Caso Iguala y el Informe Tanhuato, la CNDH ha realizado su labor de acuerdo a los poderes que le han conferido y en el marco de sus atribuciones.

Así, en su informe de resultado de la revisión de los posicionamientos de la PGR en torno a las 26 “observaciones y propuestas” formuladas en el documento “Estado de la investigación del Caso Iguala”, la CNDH dio respuesta oficial a la PGR e hizo entrega del documento “Revisión de los Posicionamientos Específicos”, en el cual concluyó que ninguna de las 26 Propuestas fue atendida en su integridad y que, en muchos casos, se trató de justificar su observancia con la mención de diligencias no vinculadas al planteamiento específico.

En otros, la autoridad ministerial no proporcionó ningún soporte documental a su posicionamiento. Se trata de una respuesta de la PGR insuficiente e imprecisa ante las Propuestas sugeridas por la CNDH.

El organismo público autónomo reiteró que el cumplimiento de las Observaciones y Propuestas busca dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, aspectos que, a su vez, son necesarios en la aspiración a la no repetición de los actos.

Asimismo, en su Informe sobre los resultados de la investigación realizada con motivo de los hechos acontecidos el 22 de mayo de 2015, en el “Rancho del Sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán, el organismo público autónomo concluyó que tras el enfrentamiento armado se pudo documentar ejecuciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

“Hubo ejecuciones extrajudiciales durante el enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido en Tanhuato, Michoacán”, refirió en agosto pasado el ombudsman nacional, Luis Raúl González, en la presentación de dicho informe, al emitir la Recomendación 4VG/2016, relativa a los hechos acontecidos en municipio.

En ese contexto, se pudieron confirmar, indicó, violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos que derivaron en la muerte de 43 personas.

Hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a dos cuerpos, además de otras violaciones a los derechos humanos menos graves.

Como resultado de la investigación realizada por este organismo, con sustento en pruebas técnicas y científicas, así como otros elementos objetivos de convicción, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal, se indicó, así como otras violaciones, no calificadas de graves, imputables a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, consistentes, en su conjunto en; violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles; violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de 4 personas; violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de 2 personas detenidas; violaciones a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel, inhumano y/o degradante, al que fue sometido una persona; violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y a la verdad por la falsedad en los informes proporcionados por la Policía Federal, respecto de las circunstancias en las que se desarrolló el operativo en el “Rancho del Sol”.

También la falta de respeto, dignidad y consideración a dos cadáveres, derivado de las quemaduras que presentaron al haber estado expuestos a fuego directo; violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, con motivo de la manipulación del lugar de los hechos, en cuanto al movimiento de siete cadáveres; de las armas relacionadas con los mismos; la colocación deliberada de las armas de fuego que se asociaron con 16 cadáveres y la substitución de otra.

El ombudsman recordó que actuar conforme a derecho y con respeto a la dignidad de las personas, contribuye al efectivo acceso a la justicia, así como a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito.

“Lo contrario propicia que se atropelle a inocentes y se propicie la impunidad de los responsables”.

Como se recordará, autoridades federales dieron conocimiento de un enfrentamiento armado en donde 42 presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada y un policía federal murieron.

De los fallecidos, 39 eran originarios de Ocotlán, Jalisco; uno del municipio de Tala y dos de Michoacán.

Como se ha detallado, nuestro país ha sufrido y sufre los efectos nocivos de la violencia, de la falta de respeto para los demás, de la ignorancia, de la falta de solidaridad que se traduce en la búsqueda y consecución de intereses individuales, aun cuando ello implique perjuicios a los otros y afecte a la sociedad.

Con independencia de cualquier solución de carácter reactivo o de corto plazo que pretendamos implementar frente a esto, el entorno adecuado para la convivencia social pacífica que nuestro país demanda, en el cual sea posible el desarrollo pleno de las personas, “solo se podrá conseguir si generamos una cultura, entre autoridades y sociedad, que tome como eje el reconocimiento y respeto de la dignidad humana, para lo cual, la educación ‘en y para’ los derechos humanos resulta indispensable”, subrayó el ombudsman nacional.

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