/ sábado 5 de septiembre de 2020

Gobierno impone multas récord de mil 458 mdp a contratistas

De acuerdo con la SFP, han castigado a empresas proveedoras del gobierno por infringir disposiciones en materia de adquisiciones

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso multas récord por mil 458.1 millones de pesos en los últimos nueve meses a contratistas, proveedores y licitantes entre los que destacan Grupo Fármacos Especializados, Clínicas Periféricas y Ambulatorias, Octeo Sen y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, según la Secretaría de la Función Pública.

Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 “se impusieron multas por un monto de mil 458.1 millones de pesos”, reporta el gobierno en su Segundo Informe de Gobierno que corresponden a 252 resoluciones sancionatorias, de las cuales 72 son con multa y 180 con multa e inhabilitación.

➡️ México, entre los interesados por la vacuna rusa

En comparación con el último año de gobierno del presidente priísta Enrique Peña Nieto, el gobierno de la Cuarta Transformación incrementó en el primer año 24.3 por ciento el monto de sanción a las empresas proveedoras, contratistas y licitantes del gobierno federal.

Significa que las sanciones en el último año de gobierno de Peña Nieto fueron por mil 166.6 millones de pesos y para 2019, el primero que encabezó el presidente López Obrador, la cifra se elevó a mil 450.3 millones de pesos, a pesar del llamado a un gobierno de la honestidad.

En los primeros seis meses del año 2020 las multas aplicadas por la administración lopezobradorista ascendió a más de 10 millones 40 mil pesos. Todas las sanciones fueron por “infringir las disposiciones vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya sea dentro de los procedimientos de contratación, en la celebración de algún contrato o durante su vigencia”.

Según el reporte de evolución de sanciones a contratistas del gobierno, el año de 2018 había alcanzado su máximo con la multa que se aplicó a empresas filiales de Odebrecht en el caso de Emilio Lozoya exdirector de Pemex.

“El incremento en 2018 en el monto de las sanciones económicas se debe a que se impusieron dos sanciones por las UR (Unidades de Responsabilidades) en Pemex por un total de mil 86 millones 977 mil 231.80 millones de pesos, lo que representa casi mil millones más de lo reportado en 2017”.

Al respecto la Secretaría de la Función Pública detalló en su balance “Un año más de logros” que “en lo que va de la administración, impusimos a licitantes, proveedores y contratistas 250 sanciones y multas por más de mil 500 millones de pesos. Entre los proveedores inhabilitados y sancionados con multas resarcitorias destacan Grupo Fármacos Especializados, Clínicas Periféricas y Ambulatorias; Octeo Sen, y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma”.

Sobre la vigilancia que se ha dado a las adquisiciones para afrontar la pandemia por Covid-19, detalla que entre los meses de marzo a junio los órganos internos de control de la Función Pública supervisaron dos mil 220 contrataciones para atender la emergencia sanitaria, “garantizando un total apego a los principios de honestidad y legalidad”.

Al hacer referencia a la nueva ética en la administración pública y la prevención de conflicto de intereses, la administración de la Cuarta Transformación refiere en el apartado dedicado a reportar las acciones de Separar el poder político del poder económico que se iniciaron acciones legales para establecer sanciones en 409 casos.

Sobre el caso de los funcionarios que en la administración pública fueron investigados por irregularidades en su situación patrimonial o negligencias administrativas, la Secretaría de la Función Pública informa que se impusieron multas por 367 millones 244 mil 686 pesos entre 2019 y 2020. Ha destituido a 63 servidores públicos y ha inhabilitado a 603 integrantes de la Cuarta Transformación.

“A fin de dar cumplimiento al mandato del presidente de la República para separar el poder político del poder económico, se han impulsado una serie de reformas y acciones para que las instituciones sirvan al interés general y no a los intereses particulares, como ocurría en el pasado. Se ha trabajado para restaurar el principio constitucional de que ‘todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste ́”, señala en el apartado del informe de la actuación moral de los funcionarios.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso multas récord por mil 458.1 millones de pesos en los últimos nueve meses a contratistas, proveedores y licitantes entre los que destacan Grupo Fármacos Especializados, Clínicas Periféricas y Ambulatorias, Octeo Sen y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, según la Secretaría de la Función Pública.

Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 “se impusieron multas por un monto de mil 458.1 millones de pesos”, reporta el gobierno en su Segundo Informe de Gobierno que corresponden a 252 resoluciones sancionatorias, de las cuales 72 son con multa y 180 con multa e inhabilitación.

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En comparación con el último año de gobierno del presidente priísta Enrique Peña Nieto, el gobierno de la Cuarta Transformación incrementó en el primer año 24.3 por ciento el monto de sanción a las empresas proveedoras, contratistas y licitantes del gobierno federal.

Significa que las sanciones en el último año de gobierno de Peña Nieto fueron por mil 166.6 millones de pesos y para 2019, el primero que encabezó el presidente López Obrador, la cifra se elevó a mil 450.3 millones de pesos, a pesar del llamado a un gobierno de la honestidad.

En los primeros seis meses del año 2020 las multas aplicadas por la administración lopezobradorista ascendió a más de 10 millones 40 mil pesos. Todas las sanciones fueron por “infringir las disposiciones vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya sea dentro de los procedimientos de contratación, en la celebración de algún contrato o durante su vigencia”.

Según el reporte de evolución de sanciones a contratistas del gobierno, el año de 2018 había alcanzado su máximo con la multa que se aplicó a empresas filiales de Odebrecht en el caso de Emilio Lozoya exdirector de Pemex.

“El incremento en 2018 en el monto de las sanciones económicas se debe a que se impusieron dos sanciones por las UR (Unidades de Responsabilidades) en Pemex por un total de mil 86 millones 977 mil 231.80 millones de pesos, lo que representa casi mil millones más de lo reportado en 2017”.

Al respecto la Secretaría de la Función Pública detalló en su balance “Un año más de logros” que “en lo que va de la administración, impusimos a licitantes, proveedores y contratistas 250 sanciones y multas por más de mil 500 millones de pesos. Entre los proveedores inhabilitados y sancionados con multas resarcitorias destacan Grupo Fármacos Especializados, Clínicas Periféricas y Ambulatorias; Octeo Sen, y Grupo Laboratorios Imperiales Pharma”.

Sobre la vigilancia que se ha dado a las adquisiciones para afrontar la pandemia por Covid-19, detalla que entre los meses de marzo a junio los órganos internos de control de la Función Pública supervisaron dos mil 220 contrataciones para atender la emergencia sanitaria, “garantizando un total apego a los principios de honestidad y legalidad”.

Al hacer referencia a la nueva ética en la administración pública y la prevención de conflicto de intereses, la administración de la Cuarta Transformación refiere en el apartado dedicado a reportar las acciones de Separar el poder político del poder económico que se iniciaron acciones legales para establecer sanciones en 409 casos.

Sobre el caso de los funcionarios que en la administración pública fueron investigados por irregularidades en su situación patrimonial o negligencias administrativas, la Secretaría de la Función Pública informa que se impusieron multas por 367 millones 244 mil 686 pesos entre 2019 y 2020. Ha destituido a 63 servidores públicos y ha inhabilitado a 603 integrantes de la Cuarta Transformación.

“A fin de dar cumplimiento al mandato del presidente de la República para separar el poder político del poder económico, se han impulsado una serie de reformas y acciones para que las instituciones sirvan al interés general y no a los intereses particulares, como ocurría en el pasado. Se ha trabajado para restaurar el principio constitucional de que ‘todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste ́”, señala en el apartado del informe de la actuación moral de los funcionarios.

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