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Luego de aceptar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) tras la protesta feminista del 22 de agosto del 2020, la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) ya se encuentra elaborando los documentos en respuesta al organismo.
“Ahorita ya se están haciendo los documentos correspondientes para contestar, al igual se está trabajando y analizando más información que tiene la secretaría”, comentó su titular Mario Bravo Arrona, en sesión de la Comisión de Gobierno.
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Entre las recomendaciones que emitió la PDHEG investigar de manera especial a los jefes que estuvieron al mando de la vigilancia en la manifestación del día mencionado.
El 27 de febrero, la Procuraduría de Derechos Humanos determinó que los derechos de las mujeres feministas detenidas el día de la manifestación fueron violados por elementos de la policía municipal.
El contexto
Fue el 22 de agosto del 2020, cuando decenas de mujeres se unieron en una marcha feminista en el Centro de la ciudad de León en favor de Evelyn Muñoz, joven que denunció abuso sexual por elementos de Policía municipal.
En el evento, 23 personas fueron detenidas por autoridades municipales y algunas presentaron denuncia del uso excesivo de la fuerza al momento de manifestarse. Además cuatro reporteras realizaron una queja públicamente, ya que fueron agredidas durante la cobertura de la manifestación, por lo que solicitaron medidas para el ejercicio de su profesión libre de violencia.
El 25 del mismo mes, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió Medidas Precautorias para que las autoridades de León, garantizarán el derecho a la libertad de expresión, específicamente en manifestación y marchas que involucren a mujeres.
Las medidas que se emitieron por parte de la PDHEG fueron: Abstenerse de atentar, en particular mediante el uso excesivo de la fuerza, contra las personas que ejercen sus derechos de reunión pacífica, expresión y asociación.
Proteger a quienes ejercen dichos derechos de los posibles abusos que puedan cometer las y los agentes estatales y no estatales. Asegurar el cumplimiento de los derechos involucrados, a través de la adopción de medidas positivas para prevenir la comisión de violaciones a derechos humanos y velar por que toda persona pueda ejercer libre y efectivamente esos derechos.
El lunes pasado, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad aceptó cumplir las recomendaciones notificadas por la Procuraduría, el sábado anterior.
