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El Municipio de León y los representantes de los concesionarios y permisionarios del transporte público firmaron una serie de compromisos y acciones claras, medibles y fechadas que ambas partes deberán cumplir en beneficio de la movilidad de los habitantes del municipio, así como la actualización a la tarifa del servicio público de transporte.
Por parte de los empresarios: Renovar 32 autobuses en el año 2019 y 72 autobuses en el año 2020 y la revisión físico-mecánica. Aprobación de la revisión físico – mecánica dos veces al año por autobús.
Modernizar la tecnología del sistema de prepago “Pagobús”, para mejorar la calidad y eficiente operatividad del servicio, facilitando el uso, recarga y expedición de tarjetas; así como implementar una “tarjeta ciudad” con múltiples servicios y un mayor nivel de seguridad.
Autoridad y concesionarios revisarán y diseñarán los planes de operación de las rutas, procurando el equilibrio oferta – demanda, para cumplir plenamente con el servicio, en especial en las rutas sociales, de amplios intervalos.
En cuanto a las acciones del Municipio es seguridad en el transporte y se implementará alumbrado tipo LED en las paradas del servicio público de transporte que así lo requieran. Se instalarán puertas automáticas en el 33% de los paraderos por año para disminuir la inseguridad de los usuarios.
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Se implementará un programa de mejoramiento de la superficie de rodamiento de calles que contribuya a mejorar la movilidad.
En función de la normativa aplicable que se garantice la exclusividad del carril destinado al transporte público en bulevar Torres Landa. Asimismo, se implementará acciones para que no se permita estacionarse en vías primarias por donde circula el servicio público de transporte, en paradas oficiales, pasos peatonales y bahías destinadas al ascenso y descenso.
En un plazo máximo de 30 días será presentada al Ayuntamiento una iniciativa de actualización del Reglamento de Transporte Municipal, con un enfoque integral de la movilidad; ajustar en su caso la comisión mixta tarifaria que contemple la participación de otros miembros del Ayuntamiento y representación como observadores del proceso a dos integrantes del Consejo Ciudadano de la Contraloría Social que sean usuarios del servicio.
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