Buscan eliminar plazo a mujeres para volver a casarse en Guanajuato

León, Gto.- Buscan desde la Comisión de Justicia, que las mujeres ya no tengan que esperar 300 días después de su divorcio, para casarse de nuevo en Guanajuato, a través de una iniciativa se pretende reformar el Código Civil para el Estado, que tiene dicha prohibición desde hace varios años y que solo aplica para el género femenino, siendo considerada una forma de discriminación, comentó para El Sol de León, Laura Cristina Márquez Alcalá, diputada presidenta de la comisión.

“Es una prohibición para que las mujeres nos casemos cuando se decrete el divorcio durante los 300 días siguientes, entonces no hay permiso de casar a las mujeres dentro de estos 300 días, en esa tesitura pues es una norma discriminatoria que está dirigida exclusivamente a las mujeres, porque para los hombres no hay tal determinación, la idea es quitarla”, comentó.

Agregó que el origen de estos 300 días, tenía el objetivo es garantizar la prueba de paternidad de quien pudiera ser el padre del hijo de la mujer, una vez terminado el matrimonio, sin embargo la diputada local considera que ya no es necesaria tenerla, debido a que ya se cuenta con la tecnología necesaria, en que caso de que el escenario pudiera existir, estudios clínicos pudieran dar el resultado de quién es el papá de la criatura.

“No tiene por qué existir una prohibición para que las mujeres nos sigamos desarrollando, una vez que hayamos decidido terminar con una relación de matrimonio entonces ese es un primer paso, el que estamos trabajando y garantizando los derechos de las mujeres, el derecho de la igualdad ante la ley, quitando estas normas discriminatorias hacia las mujeres”, comentó.

Márquez Alcalá mencionó que en este momento se avanzará sobre el tema de la metodología para aplicar la reforma, pero considera que será una propuesta aceptada en el Congreso de Guanajuato, porque busca luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad legal en la sociedad.

Cabe destacar que Guanajuato era una de las siete entidades federativas (junto con Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) que mantenían vigente alguna restricción para las mujeres para contraer nuevas nupcias a nivel nacional.