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Una Ley de Seguridad Interior para la Ciudadanía: el debate – Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

  • Jorge A. Lumbreras Castro

(Primera Parte)

La Cámara de Diputados aprobó una Ley en materia de Seguridad Interior que ahora, tras su análisis y discusión, habría de ser aprobada por la Cámara de Senadores para que las Fuerzas Armadas tengan un fundamento preciso sobre las misiones que realizan en apoyo a las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia organizada y factores que podrían poner en riesgo la gobernabilidad democrática y la estabilidad nacional.

 

Se trata de un asunto relevante porque permitirá superar una polémica que inició con el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) hace once años por órdenes del Poder Ejecutivo Federal para enfrentar a la delincuencia organizada en diferentes entidades de la República, donde los actores políticos, sociales y económicos coincidieron en que la delincuencia había tomado el control de algunas regiones, infiltrado a las instituciones democráticas, puesto en riesgo inminete a la población civil y generado una violencia sin precedente, además de comprometer el patrimonio de personas y colectivo. Las condiciones objetivas que llevaron a esta decisión se resumen en lo siguiente:

Las policías municipales, estatales y federales no disponían ni disponen de las capacidades necesarias para enfrentar a la delincuencia organizada.

Los grupos de la delincuencia poseen recursos financieros, armamento y organizaciones que los constituyen en factores disruptivos de la seguridad nacional y de la seguridad interior.

Las instituciones con capacidades, grado de institucionalidad y formación para enfrentar a la delincuencia organizada son las Fuerzas Armadas.

La infiltración de espacios de poder civil y la inestabilidad generadas por la delincuencia exigían el actuar de la federación.

Las presiones internacionales para establecer el control civil en todo el territorio eran crecientes en un escenario de lucha contra el terrorismo.

No era probable esperar a renovar las policías municipales, estatales y federales del país para actuar contra la delincuencia organizada.  

La Ley establece que la seguridad pública es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

El estado del marco jurídico nacional en materia de seguridad pública, ciudadana, nacional e interior tenía atrasos que impedían sistémicamente actuar de forma coordinada contra la delincuencia, además de que la gama de delitos federales son precisamente competencia de la federación.

La consolidación de la seguridad pública en México es responsabilidad de las autoridades civiles, sin embargo, los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, interior y pública hacían necesaria la actuación del Ejército y la Marina Armada de México.  

Los resultados de la acción de las Fuerzas Armadas en las misiones contra la delicuencia organizada son reconocidos de forma unánime por las fuerzas políticas de todos los gobiernos estatales, es así porque nunca en la historia del país se había logrado un nivel de eficacia donde los resultados en materia de detenciones, destrucción de plantíos, aseguramiento de drogas, dinero, vehículos y aeronaves superan, leáse bien, en cientos de veces lo que se hizo en el pasado.

 

Sin embargo, el debate sobre la legalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas lleva una década, esto es, el problema no radicó en los resultados, lealtad, institucionalidad, y menos aún en las acciones para defender a la sociedad, sino en un marco de actuación sustentado en un artículo de la Constitución y en tesis de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que avalan su actuar en apoyo a las instituciones civiles en materia de seguridad interior; por ello las Fuerzas Armadas y diversos actores solicitaron lo evidente: si hay un debate sobre lo que se hace en materia de seguridad pública, interior y nacional entonces se necesita una ley que termine esa discusión, fortalezca al país y evite poner el riesgo a la institución con mayor nivel de credibiidad y confianza pública de México.  

 

Un marco jurídico frágil cataliza la acción de la delincuencia contra las instituciones y muestra un frente dividido cuando se precisa unidad, fortaleza y coordinación ante quienes se enriquecen a costa de la tragedia colectiva, del enviciamiento de la sociedad, de la fractura de los valores cívicos y de la fractura del tejido social. Los saldos de la acción delincuencial los cubre la ciudadanía.

 

La Cámara de Diputados dictaminó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, ambos del PRI, presentada el 08/nov/2016, así como la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por la Dip. Sofía González Torres del PVEM, presentada el 14/feb/2017; además consideró cuatro iniciativas previas o que fueron retiradas por sus proponentes o que no le correspondía dictaminar, sin embargo por su trascendencia se analizaron, a saber: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad  Nacional, del Dip. Jorge Ramos Hernández del PAN, presentada el 26 /nov/15, que precluyó el 29/abr/16; Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Sen. Roberto Gil Zuarth del PAN presentada en el Pleno del Senado el 27/Sep/16;  Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Nacional, de los Diputados Manuel de Jesús Espino Barrientos y Candelaria Ochoa Ávalos del MC presentada el 11 de enero de 2017 que precluyó el 14/ago/17; y la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presentada ante la Comisión Permanente el 11/ene/2017.

 

Como puede apreciarse el proyecto de una Ley de Seguridad Interior es un trabajo legislativo concienzudo que retomó elementos de diversas propuestas, que en lo posible vinculó distintos razonamientos que expresan la pluralidad política de nuestro país. El 30 de noviembre de 2017, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones.

 

La minuta se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con el Procedimiento Legislativo Federal.  Una vez que la Comisión Ordinaria competente de Dictamen Legislativo entre al análisis, discusión y aprobación de la minuta, pasaría al Pleno de la Cámara de Senadores para realizar el mismo procedimiento y posteriormente, de ser aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

En la segunda parte de esta entrega se expodrán las principales características y definiciones de la Ley de Seguridad Interior, cuyo propósito radica en establecer las condiciones, zonas geográficas, áreas funcionales y tiempos en que podrán participar las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, en apego a los derechos humanos y bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal; asimismo se abordará el debate sobre su aprobación entre diversos partidos políticos,  organizaciones sociales, agencias internacionales, y expertos.

 

En cualquier caso, el vacío jurídico en la actuación de las Fuerzas Armadas es reconocido por quienes están a favor o en contra de la Ley, la necesidad de legislar en la materia también, y están a la vista los desafíos para la seguridad, el Estado de derecho y para la estabilidad nacional. Lo sustancial es avanzar en leyes que sirvan a la ciudadanía y que permitan actuar con eficacia para garantizar los derechos que tutela la propia Constitución en un Estado social y democrático.  

 

Habría de señalarse que para las Fuerzas Armadas es denigrante andar persiguiendo delincuentes, que lo hacen porque se los ordenaron, que los problemas de seguridad persisten aunque el presupuesto en la materia se duplicó en números absolutos en sólo diez años,  y que el mando único tampoco se ha aprobado aunque sistémicamente sea improbable tener una seguridad pública nacional con miles de mandos en el país que se distinguen en la mayoría de los casos por su falta de preparación, improvisación, y carencias multiples en estado de fuerza, adiestramiento, comunicaciones, armamento, salarios y prestaciones sociales y económicas. Aún nadie explica cómo 2 mil 457 mandos municipales, 32 estatales y uno federal hacen un sistema de decisiones coherente en materia de seguridad pública e interior al servicio de las personas y sus familias.

jorgealumbrerascastro@gmail.com