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ROSA DE LOS VIENTOS

  • Israel López Chiñas

Fiscal sumiso, descarrila sistema anticorrupción nacional

 

Luego de una serie de errores cometidos por la mayoría en el Congreso Local, en el proceso para la designación del Fiscal Anticorrupción se deberá de diseñar una nueva metodología que garantice la definición imparcial del nuevo funcionario.

Debido a los antecedentes y el interés del partido en el poder PAN de heredarle al nuevo Poder Ejecutivo de la entidad un subordinado de la presente administración pública, se estaría colocando un cancerbero para evitar el testimonio del pasado.

Sin embargo, el más grave daño que le estarían produciendo las seis representaciones partidarias del Poder Legislativo y quienes lo están usando, es que con la actitud parcial se está descarrilando un proyecto nuevo de justicia para todo el país.

En ese sentido por la importancia que reviste el Fiscal, quien requiere de autonomía plena para su ejercicio, al imponer un funcionario se estaría afectando sensiblemente los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción. La dimensión del asunto.

Más allá del intento de la mayoría albiazul por maquilarle un plan de emergencia a la administración que encabeza Miguel Márquez, los legisladores locales están edificando un dique para favorecer la corrupción, impunidad y seguridad pública.

Lo que pretenden los cofrades del partido conservador que está pastoreando Éctor Jaime Ramírez Barba, el total de 19 votos de los 36, es un pecado capital que va a diferenciar a los tres poderes del estado del resto en territorio nacional.

Una terna integrada por dos funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado y un independiente, fabricada sólo por la bancada albiazul que se acompañó para su aprobación con los datos familiares del externo, resultó hasta una canallada.

Una prueba no superada. Las partes del grupo legislativo que regenta Éctor Jaime, que buscan su reelección para seguir en el Legislativo, en definitiva, no pueden con la responsabilidad impuesta por la norma, debido a la falta de voluntad política.

El procedimiento fallido para designar Fiscal Anticorrupción ha pasado por varias etapas y en cada una de ellas se percibe la pretensión de imponer un subordinado del Mandatario del Estado 3M, bajo el mando del procurador Carlos Zamarripa.

Los diputados panistas fracasaron cuando intentaron modelar con imposición de requisitos para aspirantes de la Fiscalía, el retrato hablado de Navigio Agustín Gallardo. Ahora, director general de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Frente a la deficiente actuación del hombre de confianza del procurador Zamarripa Aguirre, la bancada albiazul optó por el Plan “B”, un par de emergentes que integran la terna para el nombramiento del Fiscal, procedentes también de la PGJE.

La terna presentada y evaluada solamente por la mayoría del PAN en comisiones es: Demetrio Valadez Martínez, con los burócratas Marco Antonio Medina Torres y Juan Iván Luna González. La tendencia es favorecer a Medina Torres.

Efecto Colateral. Ante la oposición abierta de parte del PRI, la diputada Arcelia González González sobrevino el debate público con base a la denuncia pública del partido tricolor, que exhibió el intento de imponer el Fiscal Anticorrupción.

La respuesta del coordinador de la bancada del PAN, Éctor Jaime Ramírez, ante las denuncias de los tricolores desde el instituto político y del Congreso Local, cosificó el comentario como “discriminatorio” porque la convocatoria no “preveía” que no fueran funcionarios de la Procuraduría del Estado.

Sin dimensionar el grave problema como las consecuencias de la designación de un Fiscal Anticorrupción subordinado, ni darle sentido al debate nacional en esa tesitura, Ramírez hizo su diagnóstico y se escudó tras su propia convocatoria.

Por su lado la diputada panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se aprobó la terna oficial, calificó como una “incongruencia” la protesta de tricolores.

Tampoco aceptó una revisión para que la designación no se saliera del marco nacional y estatal anticorrupción, Dennise únicamente se limitó a ganar el caso a chaleco para imponer a cualquiera de los funcionarios subordinados de Zamarripa.

Por los efectos y las fallas que le vienen brotando al proceso de designación del Fiscal Anticorrupción en un Proyecto de Justicia de Nación, es exigible que se atiendan las cuestiones más importantes del nombramiento para no contar por casi una década a partir de enero próximo un fiscal dependiente.

 

 

Hoy el ungido pasa a ser el precandidato oficial en el PRI

 

Este domingo, el siguiente paso será dado por el PRI. Su hombre para competir por la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se registrará oficialmente como precandidato, con el apoyo de todos los sectores y organizaciones. La Operación Unidad salió avante.

La cita es a las 10 de la mañana en la explanada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahí estarán militantes de todo el país, desde gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y liderazgos de base, para arropar al primer candidato en la historia del tricolor que no cuenta con credencial de militancia.

En días pasados, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público hizo el carrusel de la legitimidad. Estuvo con las organizaciones más importantes del partido, con los representantes en el Congreso de la Unión, gobernadores y expresidentes del partido.

Pero, sobre todo, se anotó las reuniones con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, competidor más directo por la postulación; y con Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán que había externado su disposición a competir por la candidatura. Ambos mostraron al final alineación a Meade.

La reunión con Manlio Fabio Beltrones también amarró unidad con la red de intereses y poder que tiene el sonorense a lo largo del país. En palabras llanas, obtuvo el respaldo público de todos los actores que mueven los hilos internos del PRI, más allá de la mano del presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la hilada deberá seguir. Consolidar la posición es lo que sigue. El reparto de las candidaturas con todos los grupos de interés y liderazgos, bajo la supervisión del mayor priista, Peña Nieto, dará a Meade tranquilidad sobre la profundidad y verdadera alineación del priismo en los estados.

La tradición dictaba que cuando el presidente priista en turno destapaba a su sucesor, este tomaba de facto el poder en el partido y la alineación le era vertical. Ahora la condición cambia por vez primera en la historia. Hay un candidato, pero que no es priista y el Presidente podrá seguir operando dentro del PRI.

Como él mismo lo ha expresado, de acuerdo con versiones del empresariado nacional tras reunirse con Peña Nieto, podrá ser muy cuestionado por sus errores al hablar o en otras circunstancias, pero nadie puede regatearle el éxito demostrado en las urnas.

En Guanajuato las cosas continúan en estado de calma chicha para los tricolores. Voces al interior del Comité Directivo Estatal informan de nerviosismo, porque ellos esperaban que saliera primero la candidatura a la gubernatura y posteriormente la presidencial, lo que pensaban favorecería al senador Gerardo Sánchez García.

Hoy sienten que las cosas son muy complicadas. De haber sido así, la ingenuidad llamaría a la ternura. Increíble en cuadros que han vivido la disciplina tricolor, así sea en una lejana juventud, cuando imperaba el tricolor. No haber leído los tiempos sería un grave error. Pero parece más una justificación.

La verdad, al menos en el escenario, es que la radicalización que ellos y los grupos opositores a Gerardo Sánchez, que han mostrado un PRI dividido, preocupa en el CEN porque se necesitan todos los votos posibles para Meade. Así, se exploran más opciones y más nombres.

Sólo un guanajuatense está muy cercano, de manera directa a José Antonio Meade, quien participará en la decisión de nombrar los candidatos a las gubernaturas que estarán en juego en 2018, junto a Enrique Peña y sus hombres en el PRI: este hombre es Ignacio Vázquez Chavolla.

El hijo de Ignacio Vázquez Torres, por muchos años en el equipo de colaboradores directos de Meade, y aunque no necesariamente sería el candidato, o tal vez sí, en cambio puede ofrecerle una visión a la distancia de lo que pasa en el PRI de Guanajuato.

Tras el acto de este domingo, según se ha dicho dentro del CEN, se harán los últimos análisis para empezar a decantar los candidatos a las gubernaturas, donde las batallas locales darán combustible a la nave del candidato presidencial. En menos de dos semanas, habrá nombres definitivos y Guanajuato está en la lista.

Para anotar al calce. Este sábado Miguel Ángel Chico presentó su informe de actividades como senador de la República. Le acompañaron delegados federales -inclusive Javier Aguirre, que dejará en días la de Segob-, diputados y algunos alcaldes como Édgar Castro Cerrillo, en un acto de más de 2 mil personas. Ahí dejó en claro que quiere la candidatura tricolor. No se vio, en cambio, a la diputada federal y miembro del CEN tricolor, Yulma Rocha. Tomó su distancia del senador.

 

Con su renuncia Aguirre Vizzuet descobija a los delegados

Con la firme intención de reconquistar el gobierno del estado que asegura, le quitaron a su padre, Ramón Aguirre en 1991, Javier Aguirre Vizzuet, dejará la delegación de la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura del PRI al cargo.

El vástago del candidato electo del PRI, que no ejerció como Gobernador del Estado de Guanajuato, llamó la atención con el anuncio de su renuncia porque le valió a fin de alborotar la gallera; primero por enfrentar a Gerardo Sánchez y su grupo.

El sostener el representante todavía en el estado de Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de política interna del país, que el PRI estatal: “un solo grupo político tiene secuestrado al partido”, Aguirre Vizzuett refiere que estará en oposición.

La crítica al grupo dominante, de Sánchez García, no es una novedad puesto que el Delegado de Gobernación, persiguió a los aliados del senador, caso destacado de Claudia Navarrete Aldaco, cuando ella estaba en la Delegación de la Sedesol.

Además, le hizo el favor a la cincuentena de los delegados de la Federación en territorio guanajuatense porque resultó una especie ponerle cascabel al gato para sus coordinados para que reproduzcan su actitud, dejando sus posiciones en 2017.

En el último de los casos desvelar que los representantes del Gobierno Federal, forman un grupo de suspirantes del PRI a cargos de elección popular en 2018, agazapados o sin hacer olas; suerte que no podrán mantener por la “Causa: Aguirre”.

Como respuesta compensatoria entre los delegados circuló la sospecha de que la renuncia de Javier Aguirre Vizzet, no fue de mutuo propio sino producto de un ajuste o expulsión de la zona de confort o la consecuencia por los pecados cometidos.

El descobijo de sus llamados coordinados, resultó gratuito ya que la mayoría de los delegados federales tricolores, estaban conscientes que cargarían los peregrinos durante las posadas con la calidad de funcionarios; pero están esperando órdenes.

Algunos de los integrantes del grupo de delegados federales, aseguran que buscarán una candidatura, pero no renunciarán antes debido a que no cuentan con la información suficiente. Las decisiones las tomaran después del mes de enero de 2018.

A partir del próximo 10 de enero, Javier Aguirre Vizzuet, va por candidatura del PRI a la gubernatura que Ramón Aguirre Velázquez, consiguió en 1991, cuando lo presentó Francisco A. Arroyo Vieyra en la explanada del Teatro Cervantes de la ciudad de Guanajuato. Ese acto seguramente lo añora el hijo.

Sin embargo, el padre cuando obtuvo el abanderamiento para relevar a Rafael Corrales Ayala- último gobernador tricolor-, estaba en la Lotería Nacional. Ramón Aguirre, luego de ser el Jefe del Departamento del D. F., durante el sismo de 1985.

Es menester puntear que el secretario de Gobernación, M.A. Osorio, asumió con madurez la decisión del presidente Peña Nieto, de que José Antonio Meade, sea el candidato del PRI. Renunció al abanderamiento presidencial y no se bronqueó.

Mientras su delegado en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzuet, actuó de forma contraria pues aprovechó el momento para su anuncio de renuncia para exhibir su coraje en contra del grupo dominante del PRI. Amén del recobro; redención del cargo.

El vástago Aguirre Vizzuet, tendrá la oportunidad de obtener experiencia como de madurez, pues corre el riesgo de quedar sólo porque los priistas guanajuatenses, en la era blanquiazul que abarca de 1991 a 2017, aún no consolidan una oposición fuerte ante el PAN. La realidad para Javier está a una semana.

 

 

El PRI y PAN, aliados por la Ley de Seguridad Interna

Con el apoyo que once de los doce apóstoles del presidente nacional Ricardo Anaya Cortés, los diputados federales del PRI, aprobaron una Ley de Seguridad Interior que Enrique Peña Nieto, exigía, con los mandos de las fuerzas armadas.

Entre los mandatarios panistas de las entidades federativas, se sumó Miguel Márquez de Guanajuato, quien mantiene la esperanza de que, en un mes, enero, “una brigada” de policía del Ejército Mexicano, le darán apoyo contra la inseguridad.

A regañadientes los diputados panistas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobaron la ley que le solicitaron el Ejército, la Fuerza Área y la Armada porque no lograron sacar la ley que ampara el Mando Mixto para Policía en los estados.

Ante la respuesta de los legisladores del PRI para aprobar la Ley en la Cámara de Diputados, el legislador del PAN, Jorge Triana Tena, llamó a los tricolores “más calderonistas” que Felipe Calderón, debido a sus intereses por esa legislación.

En el proceso legislativo durante la semana pasada, emergió de nuevo el criterio de que los militares no están preparados para las actividades policiales y también que las entidades y los municipios, no han querido profesionalizar a sus policías.

A pesar de las limitaciones que establecerá la ley para el uso de las Fuerzas Armadas, los mandatarios estatal y municipal, creen que el vínculo entre los poderes, se fortalecerá a favor de la seguridad pública. Esa idea tomará fuerza la próxima semana en el último mes cuando se analicen las cuestiones.

Antes y durante la aprobación del instrumento legal el tema de Seguridad Interior, se le viene criticando como un “arma” que usará el gobierno federal del priista Enrique Peña Nieto para militarizar el territorio mexicano. Para lanzar contra civiles.

Las ideas contrarias a la ley aprobada por diputados y ya está en el Senado para su aprobación, y de acuerdo con lo pactado entre la Federación y el estado de Guanajuato, servirá para el cierre de los sexenios de Peña y Márquez, respectivamente.

La supuesta cuenta pendiente del sexenio de Felipe Calderón que sacó a los militares de sus cuarteles con el fin de apoyar las fuerzas policiacas estatales y municipales, en la guerra en contra del narco, se empezó a cubrir en el Congreso Federal.

La Ley de Seguridad Interior que va a otorgar el marco legal a la actuación militar en seguridad pública, labor anticrimen que vienen realizando desde el sexenio pasado, además de sus responsabilidades, que se inscriben en la seguridad nacional.

El Frente Ciudadano por México con la ausencia del PAN y la incorporación de Morena, no consiguieron frenar la Ley Peña Nieto, que estarán maquilando los senadores en breve con el interés de que aún sirva en los sexenios que van feneciendo.

La implementación de las marcas en comisión de los delitos cada mes como constante durante el presente año, representó el arma ofensiva de los gobiernos federal y estatal para que los legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y PAN superaron los frentistas PRD y Movimiento Ciudadano en la votación. Cedió políticamente el Frente.

La inseguridad y la violencia en las entidades y los municipios tendrán una Ley de Seguridad Interior; pero el reto resulta complicado sobre todo porque al presidente Peña Nieto, apenas tiene doce meses para lograrlo.

Mientras el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez sólo cuenta con nueve meses y un par de semanas para conseguir sus objetivos, mejorar los cuerpos de seguridad pública de la entidad y los 46 municipios, además de más personal federal.

Y quizá la clave de la Ley de Seguridad Interior, despliegue de las fuerzas armadas donde se le requiera con el riesgo y el gasto que implica colocar el personal donde se necesite. La nueva era de la seguridad pública, dicen las autoridades que viene cuando las elecciones aprieten por el alza de los delitos.

 

La Topografía

 

Agrimensura

 

Intolerancia y opacidad en Cuévano desde Ayuntamiento

 

Esta semana la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guanajuato capital terminó en zacapela. Miembros del Frente Cívico Guanajuatense, junto con pobladores de Calderones, exigieron que el Implan aclare paradas sobre sus intenciones de afectar sus propiedades, en aras de banderas ambientalistas.

La protesta era general, con peticiones a voz alzada y pancartas. Denunciaban que esa tarde la junta directiva seguía adelante en su plan de decidir sobre sus tierras, en la zona de La Bufa y áreas aledañas, sin tomarles en cuenta y pasando por encima de sus derechos locales.

Fue entonces que el exregidor de Morena, Jaime Emilio Arellano Roig, presidente del Implan, perdió todo control y agredió a los manifestantes, al arrancarles sus documentos de las manos y de paso increparlos, lo que hizo el escándalo. Además, acusó al regidor verde, Carlos Ortiz, de ser el responsable de la manifestación.

Lo interesante del caso, es que su aliado Ramón Izaguirre, al ver la zacapela, de inmediato tomó las de Villadiego y fue a refugiarse a la sala de juntas al lado del Cabildo para luego salir por detrás. Más tarde estaba dando línea junto a Arellano Roig para capotear el temporal.

Y es que Ramón Izaguirre es también miembro de la Junta Directiva del Implan y asociado de Roig, siendo su mentor político, según aseguran quienes han jugado a veces con ellos en el Ayuntamiento y operado en porcino establecimiento de alimentos.

El síndico está detrás del contrato de Vera y Asociados, consultora a la que le pagarán más de 300 mil pesos para que les orienten sobre el estatus jurídico de la zona a declarar como ecológica. Este contrato ha sido cuestionado por Carlos Ortiz.

Dicen las malas lenguas entre los integrantes del Ayuntamiento, que la realidad del incidente, la supuesta filtración del orden del día de Implan, sería obra de la mano que mece la cuna de Roig y maestro de las filtraciones. Causar caos para afectar a su opositor Carlos Ortiz, por un lado, y por el otro, victimizar a José Emilio Arellano. Por eso no habría dado la cara a los manifestantes.

Lo cierto es que al final, hubo una agresión contra ciudadanos en pleno Cabildo y sería bueno ver si en la Comisión de Contraloría revisan la responsabilidad del regidor Arellano Roig, una gravísima acción y tremenda falta de respeto contra quienes pagan sus sueldos en el Ayuntamiento.

 

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