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ROSA DE LOS VIENTOS

  • Israel López Chiñas

<Panismo enfrentado con la dimisión de Diego Sinhué>

No se tienen elementos básicos para realizar la inferencia: si Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cubrió el trayecto que su equipo esperaba para consolidarlo como probable ganador de la candidatura del PAN al gobierno del estado de Guanajuato

Ni tampoco que la delantera perfilada durante los 28 meses al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, si resulta el abanderado del partido que ostenta el poder en la entidad, le alcance para ganar los comicios en julio de 2018.

La escapatoria del gabinete legal del gobierno estatal de 3M desató los demonios y apresuró algunas acciones personales y actividades electorales al interior de los partidos políticos; le echaron leña al fuego y sobrevino una reacción en cadena.

Es menester señalar que el ex diputado federal, quien ocupó la curul G-204 en la Cámara Baja de la Unión, provocó una serie de críticas por la animosidad desatada; de inmediato los opositores lo señalaron como en “fuente ovejuna”, una a una.

Sus seguidores -parecido a los encargados de proporcionar la Seguridad Pública estatal que quedaron estupefactos ante los asesinatos- tardaron en reaccionar, pues la acción superó sus intereses, porque al ex secretario hasta podrían inhabilitarlo.

Mientras escala la información al nivel nacional respecto de las denuncias y sus avances, la separación del cargo de parte de Sinhué Rodríguez Vallejo, ofreció la oportunidad al cierre de la semana, a sus seguidores, responder a los opositores.    

Aunque para medir el impacto de la imagen de ex secretario se requieren los análisis de impactos entre la ciudadanía y la militancia del partido conservador, obtenidos por el aspirante oficialista y sus cofrades durante los 28 meses que residieron en la supra secretaría de mayor contacto con los gobernados.

Sin embargo, no se puede soslayar que el considerado delfín del gobernador Miguel Márquez, luego de ser expulsado del “paraíso burocrático”, dejó un escenario harto difícil porque podría erigirse como precandidato de alto riesgo para el PAN.

Tampoco se debe esquivar que Diego S. Rodríguez transitó por el filo de la navaja y colocó a la administración pública estatal ante la sospecha del uso de los planes y programas de la secretaría, y otras dependencias, para promover su imagen.

Y lo más comprometido del “Caso Diego Sinhué” consistió en haber acercado al gobierno de 3M a la desconfianza por las demandas penales contra el suspirante albiazul, por el supuesto de haber desviado recursos públicos a fines distintos a los autorizados.

Y en esa tesitura, los denunciantes del PRI y de Morena que se presentaron ante la Procuraduría General de la República, también consideran que el ex secretario de Desarrollo Social utilizó erario para uso personal; amén de posible corrupción.

Cuenta particular es la demanda interpuesta por el presidente del PRI, Santiago García López, ante la autoridad electoral -Instituto Electoral del Estado de Guanajuato- en contra del entonces secretario Sinhué; fue el “cascabel al suspirante”.

La queja que presentó ante el IEEG la dirigencia priista a fin de que se investigue al ex funcionario por “actos anticipados de campaña”, el pasado 4 de julio resultó, a la postre, el inicio de la ola de denuncias que provocara la dimisión del delfín.

El golpe político lo recibió el suspirante oficialista debido a los excesos cometidos, justificado más tarde con la renuncia urgente presentada el lunes 31 del mes pasado, con la idea de que Diego Sinhué Rodríguez pueda seguir su precampaña fuera del presupuesto.

Dos días luego del gran escape de la nómina, el ex secretario de Desarrollo Social y Humano anunció que llevará a cabo sus giras por en territorio guanajuatense para ser el candidato del PAN. Diego Sinhué con voz tímida reaccionó para llamar a sus opositores con cargo oficial para que renuncien.

El más señalado por las observaciones al gobernador 3M por tolerar la campaña de Rodríguez Vallejo resultó ser el senador panista Fernando Torres Graciano, su contrincante al interior del partido conservador. Rasgos de una lucha sin cuartel, pero también muy explosiva.

Mientras en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se revisa la situación de Guanajuato en las posiciones, a fin de enfrentar con ventajas las elecciones por el Gobierno del Estado, emergieron nuevas reacciones, incluso denuncias.

El panismo local, salió enfrentado por la determinación del gobernador Miguel Márquez de mandar a la banca a Diego Sinhué. El PAN, recibe el conflicto que se suma a los otros de las elecciones del 2015, que incluye castigo con multas.

En el proceso electoral de 2012 para el Gobierno del Estado, el abanderado del PAN, a pesar del éxito alcanzado, sabe de las dificultades pasadas para conseguirlo. Márquez, está muy consciente que perdió León…y le vienen otras presidenciales.

Por su lado, el delfín alejado del Impulso Social como de la nómina empezó a pasar la charola para seguir adelante, dijo que el director del Puerto Interior, Luis Quirós Echegaray; le hace esos servicios y reúne con buenos empresarios.

 

<La ruptura entre Miguel y Diego por privilegios>

Las rupturas entre los liderazgos cuando no sólo participan en un plan común, sino que además trascienden esa relación al grado de ser partes de una confabulación, podrían resultar complicadas. La renuncia de Diego Sinhué Rodríguez por la clase de objetivo, debe transitar por el duelo y melancolía.

Existe información para considerar que la desvinculación del aspirante al gobierno del estado de la administración pública estatal que representa el panista Miguel Márquez no resultó de terciopelo, pues durante la toma de decisión hubo bullicio.

Dicen los especialistas del comportamiento humano que una separación entre personas cercanas podría ser violento, pues las partes podrían considerarlo como una traición. Lo cierto es que, entre Miguel y Diego, los efectos no se han evaluado.

Ante la salida del gobierno estatal de Guanajuato, Rodríguez y su equipo, han estado revelando que ya tienen el apoyo del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; o sea, cambió al protector. Es la bandera que enarbola Diego desde la ruptura.        

Sorprendió a parte del equipo del gobierno estatal la actitud del secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué, cuando el gobernador Márquez le señaló que había llegado la hora de su escapatoria ante la exigencia de sus opositores.

La respuesta del suspirante con demanda por “corrupción y abuso de poder”, fue resistirse a la sentencia dictada por su jefe, mentor y protector desde 2015, después de que Diego Sinhué, perdiera la candidatura panista a la alcaldía de León.

La insistencia del mandatario colisionó con la obstinación del subordinado: el primero, que ya se fuera el buscador de la candidatura; el segundo, que aún estaban lejanas las fechas inmutables que marca la ley para participar en la contienda.

La segunda fase en la búsqueda del convenio entre Diego y Miguel fue con volumen elevado y movimientos corporales; nadie quería ceder en el conflicto por la separación. Para la tercera, los colabores de confianza entraron en calidad de referís para evitar un clinch (trabada) desagradable.

<Gobierno estatal, debeun diagnóstico de la inseguridad>

La autoridad estatal quedó al descubierto ante la ola brutal de asesinatos al cierre del mes de julio y el principio de agosto. Quedó sin argumentos para explicar la triste realidad que se integró con actos violentos ocasionados por la criminalidad.

Las respuestas inmediatas por los 40 asesinatos en tres días del fin de la semana, entre el sábado y domingo que alcanzó el lunes. Las respuestas de los encargados de suministrar la seguridad no lograron explicar los hechos de esa jornada.

A pesar de la multiplicación de los discursos y la condición traumática por el “temor” que vivieron los pobladores en la entidad, el equipo de trabajo en la materia del Gobierno del Estado de Guanajuato no presentó un informe del problema.

Una explicación de los factores esenciales de esa cuestión ya que es su responsabilidad pues el número de ejecutados está incrementando gravemente. A cambio del informe de causas que gestaron el problema se entregó una relación de culpas.

El representante del Ejecutivo del estado, Miguel Márquez, volvió sobre las aproximaciones para colocarse en el orden jurídico; reformas para la procuración y administración de la justicia. La referencia sobre los sucesos todavía no aterriza.          

La opinión oficial se multiplicó entre los medios masivos de información, pero ni por asomo tocaron lo esencial del asunto candente. No presentaron un diagnóstico respecto del estado que guarda la inseguridad ni entregaron el remedio y trapito.

El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera que está en la etapa de enseñanza-aprendizaje, ante los decesos y ejecución del Director de Seguridad de Celaya y escolta, sólo se le ocurrió insinuar que las policías necesitan capacitación.

La corona que recibieron los policías celayenses, director J. Santos Juárez Rocha y su camarada Manuel Acosta Galicia, se tejió con pretextos arreglados con justificaciones hasta la amenaza de “vendetta” lanzada por Alvar Cabeza de Vaca.

En materia de comportamiento se señala que, en estado de crisis y presión, la gente tiende a evidenciar sus carencias, aunque también sus capacidades. En el caso del secretario de Seguridad Pública, no ha ofrecido su potencial.

Antes de montar la mesa de trabajo para recibir y revisar la información de los “asesinatos” de parte de inteligencia del cuerpo policiaco del estado, el secretario Alvar prefirió una entrevista durante la cual mostró las carencias en la materia.

Encontró la manera de presentar a las policías preventivas de los municipios: dijo que se deben de fortalecer. En la inercia subrayó que la Federación debe de tener más presencia con policías e investigadores… pero olvidó la policía de la entidad.

Algún alma caritativa debiera informar al secretario Gustavo Rodríguez que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tienen jefes que no ha podido retener a su personal y por ello dejaron la unidad en 2013, unos 900 elementos capacitados.

Durante el 2014 fueron menos, para totalizar en el año 800 personas que no quisieron seguir sirviendo ahí, pues en otras corporaciones les pagaban mejor salario; uno de los motivos esgrimidos de quienes se salieron de la fronda del secretario.

Para el 2015, año de las elecciones, la suma de agentes que se fueron de las fuerzas de Cabeza de Vaca, fueron más de mil. En 2016 se desafiliaron de la corporación, nuevamente, otros 800. La cantidad de los separados realmente es de escándalo.

Mientras el alto mando de la seguridad pública del estado de Guanajuato lo mismo corrige que propone Jefes policiacos a los Ayuntamientos (J. Santos Juárez Rocha lo impuso en la ciudad de Celaya)… no atiende la permanencia de su personal.

Los otros puntos sensibles que están dejando pasar los jefes de las policías con las autoridades, estatal y municipal, es el total de los recursos que deberán de asignar anualmente para la seguridad pública, es tema más sagrado para la sociedad que los gastos de representación de la autoridad municipal.

Sobre esa base y las recomendaciones de los organismos del orden internacionales deben modelarse las corporaciones de policías, o sea, dinero municipal de piso en donde deberán de contribuir los gobiernos, estatal y federal. Los gobernadores no deben recibir el dinero federal que se entrega a los municipios.

La irregularidad que está jugando un papel sobresaliente en contra la implementación y buen funcionamiento de policías, es debido al interés de las entidades de tratar de controlar, por lo político, los recursos que están lo relacionado con la seguridad.

El gobierno del estado de Guanajuato, vía sus encargados de seguridad pública incluso la Procuraduría General de Justicia de Carlos Zamarripa, le deben a los guanajuatenses una idea clara sobre los hechos violentos y las posibles respuestas. El silencio, se quiera o no, sirve de parapeto a los delincuentes.

 

<PGR en el Caso la Ciudad de Niños de la Salmantina>.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que inició una carpeta de investigación con el fin de verificar los hechos suscitados en el albergue “Ciudad de los Niños” en Salamanca, el Gobierno de la entidad tiene varias investigaciones abiertas sobre el problema que debe concluir.

La “Ciudad de los Niños” es un caso en que las autoridades estatal y municipal de La Petrolera la recibieron como una herencia, pues inició en otro momento; sin embargo, les concernía su revisión, máxime por la implicación de niños y adolescentes. El interés superior del menor.

Por mediación de la subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la PGR se involucró para conocer del caso que ha llamado la atención de instancias, nacional e internacional, por las características.

De acuerdo con las organizaciones dedicadas a las niñas y niños, lo sucedido en el albergue del municipio de Salamanca, del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, es una falta clara de capacidad del gobierno local para monitorearlo.

Esa falla, como se reconoce con las carpetas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, representa una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y también de los Convenios Internacionales.

Acuerdos signados por el país en materia de protección de los menores de edad, sobre todo de aquellos que están sin el cuidado de sus padres o de algún adulto. Pero, la razón por la cual la PGR investiga el caso es por “tráfico de influencia”.

Amén de la red de protección que, se cree, se proporcionó a quienes estaban a cargo del albergue salmantino. Y también porque la autoridad institucionalizó en la Ciudad de los Niños la internación de menores no acompañados por sus padres.

La vinculación de políticos y los religiosos, divisados en este asunto, también llamó la atención. En ese sentido el gobierno del Estado deberá darles celeridad a sus investigaciones para no ser sorprendidos por los resultados de la justicia federal.

El ofrecimiento de parte del gobierno de Miguel Márquez, en el momento que emergió el escándalo por los abusos, incluso sexuales, consistió en “no permitir que aquella persona que hubiera abusado de cualquier forma de un menor… esté libre”.

También se aclaró de parte de la administración estatal de Guanajuato, que la investigación requiere tiempo debido a que involucra a menores de edad que no pueden ser victimizados, en aquellos casos en que haya existido abuso.

Sin embargo, sobre los abusos de los menores en el albergue salmantino se está cerrando una pinza para la investigación que podría llevar la justicia. Existe la posibilidad de que los dos niveles completen sus trabajos para asegurar el resultado.

Podrían cuidarse las manos pues la presencia de la PGR no representa la plena marginación de la PGJE. Lo cierto en el Caso de la Ciudad, es que la sociedad podría conocer sobre el tráfico de influencia y red de personas que abusaron de los menores. Se recrea la esperanza que pudiera hacer castigados.

La Topografía

Agrimensura. La dudosa unidad priista

Como en otros momentos, los priistas de Guanajuato muestran que su dependencia del centro transita por la carencia de espíritu de cuerpo en la localidad. Desde que la Gubernatura pasó a manos del PAN, dentro del PRI, la unidad resulta una presa difícil de alcanzar.

El desenlace de la elección de su Consejo Político Estatal, proceso atraído de plano por la Comisión Nacional de Procesos Internos, representa, no la unidad proclamada desde el Comité Directivo Estatal y otros grupos, sino el fracaso de los tricolores locales para usar la política como medio para dirimir conflictos.

Y lo que es peor, no los identifica como miembros de un partido político, sino fracciones que han encontrado dentro de unas siglas, un espacio para participar ocasionalmente de la política y pizcar lo que cae desde el poder real en la entidad.

En el hoy y en el ayer, no es posible identificar un proyecto ideológico claro, que posicione con claridad al partido, frente al panismo gobernante, para que la sociedad opte por el PRI en las próximas elecciones. Son grupos y actores, disímbolos.

Como les preguntó Enrique Ochoa cuando priistas locales se sentían triunfantes al asegurarle que crecía el rechazo de los electores hacia el panismo en Guanajuato porque querían otra opción en el poder: “¿Y a ustedes quién les dijo que la gente piensa en el PRI como opción en su estado?”

México decretó que se registraba una sola planilla: la Roja, pero no la roja que se registró en Guanajuato, sino la blanca ninguneada, que acabó por sustituir la lista presentada por los afines a Gerardo Sánchez en la original colorada. La mezclada, donde cupieran representantes de todos los grupos.

Cada senador, Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, se llevó lo suyo; Bárbara Botello controló los espacios en León, de donde exilió a Alejandro Arias; Yulma Rocha compartió Irapuato con Gerardo Zavala y Claudia Navarrete; el clan Arroyo tuvo que compartir Guanajuato. El reparto se repitió en los demás municipios.

Al modo de Carlos Pereyra, se eleva la pregunta entre el respetable: ¿Consejo Político para qué? Está dotado legalmente de los poderes para determinar fórmulas para organizar elecciones internas, reglas sobre candidaturas y fiscalizar a su comité Directivo.

Sin embargo, los hechos marcan lo contrario. Este CDE no ha sido revisado por el Consejo, ni siquiera con las escandalosas multas; las candidaturas, en año de elección presidencial, jugarán las reglas de la real politik priista, según sea el candidato presidencial.

¿De verdad se creerán que este Consejo tendrá la fuerza para transitar hacia prácticas democráticas, ajenas a las decisiones en el CEN? Su nacimiento, nada ortodoxo y con imposición central, le quita legitimidad y sólo exhibió, que la oportunidad sirvió para que, otra vez, los tricolores locales mostraran que unidos no pueden estar.

A pesar de esto, se concede que el ejercicio permitió que al menos en una mesa en la ciudad de México, esta semana, los irreconciliables en Guanajuato, pudieron palomear al final este cuerpo colegiado. Había que caminar hacia las candidaturas.

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