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Estado de sitio legitimado en México

  • Antonio Galván Torres

Debemos entender que al haber aprobado el Congreso la Ley de Seguridad Nacional, contravino la Reforma Constitucional sobre los derechos humanos que se aprobó por el mismo, en el año 2011, toda vez que lo toral de esta reforma constitucional del 10 de Junio consistió precisamente en lo siguiente: “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Por tanto, la reforma citada, y que constituyó en su momento los crisoles más álgidos y la esperanza de que se había terminado el atropello, injusticia y malos tratos en México, hoy se derrumban, al haberse aprobado esta nueva Ley de Seguridad.

Que quede claro, que de ninguna manera apoyo la incidencia del crimen, pero tampoco apoyo la ineficacia y la falta de coordinación que ha permeado en México en cuanto a la seguridad nacional, toda vez que no podemos pasar por alto los casos emblemáticos de Rosendo Padilla Pacheco o Rosendo Cantú y otros, en donde fue precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien estableció las violaciones que se dieron en este tipo de casos. Siguiendo este hilo conductor, el Estado mexicano está pasando por alto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de la cual México es parte, porque con motivo de esta, se apuntó la posibilidad de que aquellas personas que cometieran delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, pudieran ser llevados a juicio en la Corte Penal Internacional, pero ahora, con esta nueva Ley, se faculta para que con una declaración del Estado mexicano, pueda intervenirse por parte de los militares en zonas geográficas específicas, suspendiendo los Derechos Humanos, tal y como si estuviéramos en un estado de sitio o de guerra.

Es alarmante, de igual forma, la invasión que se tendrá en la vida privada de todos nuestros compatriotas, porque esta Ley, permitirá legalmente el espionaje, y con la mayor de las facilidades podrá intervenir comunicaciones telefónicas, electrónicas y de todo tipo, lo cual, tomando como pretexto la seguridad nacional, la cual entra en un embudo donde toda conducta de los justiciables podrá ser aplicable a criterio de unos cuantos, existiendo de esta forma un control total y contraviniendo el artículo 6º y 7º de nuestra Carta Magna.

Es peligroso que hayamos retrocedido años luz, en nuestra democracia, porque todas aquellas manifestaciones públicas que fueron reprimidas, desde los casos de Cananea y Río Blanco, o las manifestaciones del 68, de la Plaza de las Tres Culturas o reuniones pacíficas que tengan por objeto una protesta social, podrán ser intervenidas si así lo considera el Estado. No más reuniones de personas divergentes al sistema, porque podrán ser catalogados como terroristas o extremistas y con base en la nueva Ley de Seguridad Interna, los manifestantes podrán ser detenidos y procesados.

Esta Ley contraviene el artículo 21.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se reconoce el derecho de reunión pacífica: El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la Ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la Seguridad Nacional”. Además violentará la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

En esta tesitura, queda claro que el fuero militar que contempla el artículo 13 de la Constitución se amplía, en lugar de reducirse e inclusive se pierde su razón porque este fuero de guerra estaba contemplado para cuando el ejército defendiera el suelo patrio o expulsara a algún invasor pero si recordamos, fue el gobierno calderonista el que sacó a los militares a las calles y de esta forma, su intervención se amplió, en la vida política de la nación. Si entendemos que los militares cumplen órdenes que no se discuten sino simplemente se cumplen. Con esto, estamos seguros que este asunto se politizó negativamente y ahora fueron los propios militares quienes exigieron un marco legal para que a los soldados se les blindara, cuando fueron acusados de violar Derechos Humanos.

  En lo particular creo que el Congreso le entrega en charola de plata la conducción de la seguridad y de otras instancias políticas a los militares, por lo que si damos una interpretación hermenéutica a esta ley de seguridad no nos quejemos después de que no se advirtió lo que se puede considerar en lo futuro por el pueblo como un Golpe de Estado técnico, de facto hacia el poder civil, entregándoselo a los militares.

  El miedo y terror está en todos los mexicanos y los homicidios por doquier, sabemos que se ha intentado de todo y que en todo se ha fracasado, porque los números son los que hablan, son tantos los muertos que ha cobrado la guerra contra el crimen que ya perdí la cuenta. Tal vez habrá que explorar y tomar muy en cuenta, el asunto de la legalización de las drogas. Observamos las fotos de los que votaron a favor, habrá que preguntarles a los diputados que no asistieron, si lo hicieron por temor, vergüenza o por instrucción. En lo que toca a Guanajuato, emplazo a nuestros Senadores para que expliquen a los guanajuatenses el razonamiento de su voto porque sería penoso que ese día se enfermaran o simplemente se abstuvieran de votar, por tanto desde esta columna los emplazo a que den su punto de vista de por qué sí, o por qué no, me refiero a los senadores Fernando Torres Graciano, Pilar Ortega, Miguel Ángel Chico y Juan Carlos Romero Hicks.

                                           Galvantorres33@hotmail.com