El tema de la libertad tarifaria del agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP), no sólo es un tema legal, sino que tiene una serie de implicaciones económicas, sociales e internacionales, una decisión equivocada del órgano regulador lo pone entre la espada y la pared, a qué nos referimos si se decanta a favor del AEP, se tendrían repercusiones para el usuario, el gobierno de la 4T y el TMEC.
Aquí la interrogante: ¿Le conviene al Gobierno de la 4T que el AEP tenga libertad tarifaria? Claro que NO, ya que al final de su periodo de gobierno estaríamos ante un posible retorno a las condiciones que se tenían antes de la reforma constitucional de 2013, con claros perjuicios para los usuarios (lo que impactaría en el ánimo electoral) y con pocos alicientes para que se invierta en cobertura rural (que es lo que busca la 4T), por lo que se podría cerrar el sexenio con indicadores que se tenían previos a 2013.
Si los usuarios advierten precios altos, deficiencia en los servicios o mala calidad, o bien el retorno de viejas prácticas anticompetitivas sería tanto como la percepción del alza en gasolinas.
Por otra parte, tampoco le conviene desde el punto de vista internacional, si se otorga libertad tarifaria al AEP podría gestarse un incumplimiento al TMEC que claramente restringe la posibilidad de que el monopolio tenga libertad tarifaria, tan es así que expresamente el artículo 18.6 del TMEC refiere que México se obliga a mantener medidas apropiadas para impedir que proveedores importantes participen o mantengan prácticas anticompetitivas, además de que si se opta por favorecer al AEP se generará una percepción negativa que alejaría la inversión extranjera en telecomunicaciones y procedimientos legales a nivel internacional.
Es claro que ni a los usuarios, ni al gobierno le conviene un escenario así. Si bien la decisión está en el ámbito del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sus manos está: alzas tarifarias, pleitos con Estados Unidos y que la inversión extranjera se reduzca o de plano se retire.
Interferencias
La “Red Compartida” es un proyecto del gobierno pasado que ha decidido impulsar la Administración de la 4T ¿Por qué darle continuidad a un proyecto “peñista” ?, una respuesta suspicaz sería la obtención de votos en comunidades lejanas y rurales como resultado del internet de bajo costo o gratuito, el hecho es que durante este año empezó a trascender la posibilidad de algún rescate financiero a la llamada “Red Compartida”.
En abril pasado se anunció que obtuvo un crédito por 17,500 millones de pesos por tres bancos de desarrollo (léase Gobierno), y recién el pasado 13 de julio se anunció que la empresa entraba a concurso mercantil, algunos analistas o medios han soltado la idea de que para mejorar su posición financiera se le debiese permitir prestar servicios directamente al público, pero ello está prohibido por la Constitución y además hay que esperar a la decisión judicial que determine las condiciones del concurso mercantil.
