El debate sobre la estrategia de política monetaria que el Banco de México debe seguir se intensificará durante el primer semestre del año. La discrepancia al interior de su Junta de Gobierno es pública y se ha exacerbado a lo largo de los últimos días.
Las minutas correspondientes a la última reunión de la cúpula del banco central muestran que la divergencia no sólo se trata sobre la magnitud del aumento en las tasas de interés que el banco central ha implementado para intentar aliviar la presión inflacionaria: los argumentos presentados por uno de sus integrantes colocaron al costo financiero de la deuda pública como parte del debate.
Lo último representa un primer indicio del peso que puede tener la lógica de política fiscal sobre la orientación de la política monetaria. En principio las decisiones del banco central deberían ser independientes.
Sin lugar a duda que un incremento en las tasas de referencia implica un mayor costo financiero para el gobierno federal, un freno en la inversión y el crecimiento económico. No obstante, el marco legal que rige al Banco de México coloca a la inflación como el objetivo que regula la determinación de su política monetaria.
El marco institucional no cambiará en el corto plazo por lo que las desiciones de la Junta de Gobierno deberán cumplir con la regulación.
Además se tendrá la presión externa que se generará por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos: se tienen previstos, al menos, tres aumentos que provocarán lo correspondiente en México, de otra manera el tipo de cambio podría verse afectado por una mayor salida de capitales, un escenario indeseable porque durante los últimos dos años el país ya ha enfrentado el retroceso de la tenencia de deuda en manos de extranjeros.
Adicionalmente se debe considerar que durante el primer semestre del año algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno estimaban que el pico de la presión inflacionaria se alcanzaría a lo largo del segundo trimestre del 2021 y que durante el segundo semestre la dinámica de precios convergería al objetivo del banco central. Obviamente ello no ocurrió.
En 2021 la inflación alcanzó el mayor incremento de los últimos 20 años. El aumento de 7.4% fue propiciado por la variación en alimentos básicos, energéticos y sus derivados, bienes que inciden significativamente en la vida diaria de las familias mexicanas.
Además, la dinámica de la inflación subyacente muestra que el componente menos volátil del sistema de precios mantiene una tendencia al alza: al cierre del 2021 alcanzó el 6%. Ello implica que la inflación tiene un componente estructural que no disminuirá rápidamente.
El entorno externo tampoco da señales de atemperar las presiones sobre los precios. La inflación de las materias primas se ha elevado desde mayo del 2020, un hecho que no se contempló adecuadamente. En general, dicha dinámica se mantuvo hasta finales del año pasado.
Así, la Junta de Gobierno del Banco de México enfrentará el desafío de resolver sus diferencias para detener el avance de la inflación, una tarea que no será fácil de cumplir porque hay quienes siguen considerándola como algo temporal.
Al mismo tiempo que ello ocurre, México tendrá que reencontrar el camino que lo lleve a alcanzar un mayor crecimiento económico, particularmente porque de ello depende tanto el bienestar de la sociedad como la sostenibilidad de las finanzas públicas.
