Por: Carlos Villaseñor Franco
Presidente de Coparmex Jalisco
Controversiales han sido varias propuestas que el poder Ejecutivo federal ha emitido a forma de decretos, con argumentos que en la retórica convencen a unos, pero en la práctica conducen a México a terrenos inciertos, sin respeto por el Estado de Derecho, que alimentan la opacidad y nutren la polarización social, que cabe destacar ha sido parte de la dieta en sus discursos.
Digo controversiales porque técnicamente no suman a las acciones de trasparencia, rendición de cuentas y al combate a la corrupción; al contrario, atentan fundamentalmente a estos principios.
Por mencionar uno de los más recientes y de sumo riesgo, ha sido el presentado en el mes de noviembre y es conocido como el “decretazo presidencial”: acuerdo que califica las obras prioritarias y los proyectos del Gobierno como temas de seguridad nacional. La propuesta, además de inconstitucional, abre la puerta a la corrupción y a la opacidad, es un claro ejemplo que altera y violenta nuestro orden legal y fomenta el autoritarismo que tanto ha dañado a nuestro país.
Por fortuna, en el ejercicio de independencia y autonomía de poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una suspensión en contra del decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura, lo que impide por ahora al gobierno federal reservar la información sobre dichos proyectos.
La SCJN estableció procedente la suspensión, los efectos y las consecuencias del decreto que buscaban catalogar la información como de seguridad nacional, por no cumplir con los supuestos que prevén y dictan las leyes de transparencia.
Nosotros, desde Coparmex hemos sido muy enfáticos en hacer visibles los riesgos que pueden derivarse de un instrumento en ese sentido. El fundamento del Gobierno Federal de "agilizar trámites para que no se detengan las obras" no será justificación para incurrir en actos que supriman la trasparencia por la que tanto se ha trabajado en este país; hacerlo sería dar pasos atrás en la materia y, peor aún, caería en prácticas que tanto se han criticado.
Vemos el riesgo de que estas disposiciones no respeten el Estado de Derecho, porque entonces el mensaje que se envía desde nuestro país, es que en México no se cumple la ley, y esto nos pone en hilos tambaleantes para la creación de estrategias que busquen el desarrollo, el progreso y la consolidación de un país con estructuras y políticas sólidas para el crecimiento económico.
Celebro esta sentencia y el análisis de la controversia, porque defiende los principios de supremacía constitucional y legalidad, queremos fortalecer un Estado de Derecho que nos permita a todos vivir en armonía. Como lo hemos dicho en #GuardianesDeLaConstitución: La Constitución es la voz del pueblo convertida en Ley Suprema, ningún poder, ni ningún gobernante tienen derecho a transgredirla. #OpiniónCoparmex
