Bajo la supuesta justificación de proteger a los autores (aunque no se precisaba cuáles), acabar con la piratería (considerándonos a todos piratas), modernizar la legislación y hacerla acorde con tratados internacionales (tampoco se decía cuáles) y hasta el grado de supuestamente honrar la memoria de compositores como Roberto Cantoral y Armando Manzanero, el Diputado Sergio Mayer propuso en abril de 2020 reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada, conocida como la iniciativa del “moche digital”.
El proyecto pretendía que se cobrase un nuevo impuesto a todos los que adquiriésemos una computadora, teléfono, tableta o cualquier dispositivo con capacidad de almacenamiento digital, ya que a su juicio estos dispositivos tecnológicos permiten que las “obras artísticas sean copiadas, almacenadas, compactadas, duplicadas o reproducidas en cuestión de segundos afectando directamente los derechos patrimoniales de los creadores al no recibir retribución alguna.”
La iniciativa afirmaba que el impuesto sería pagado por fabricantes e importadores, aunque en realidad seríamos los consumidores, lo que pagaríamos esta nueva carga.
El 30 de abril, justo el último día de sesiones logró que el tema subiera a discusión, pero las críticas de otros legisladores fueron ácidas: no había claridad sobre a qué autores se beneficiaría, el por qué entregar estos recursos a una asociación privada, incluso hubo pronunciamientos que hacían ver que había detrás un negocio, que se caía conforme avanzaba la discusión parlamentaria.
Finalmente, hubo un rechazo casi unánime en la votación de la Cámara de Diputados a la iniciativa, ni siquiera se aprobó que se regresase a Comisiones para mayor análisis, sino que se desechó, en definitiva, por lo que con fundamento en la Constitución no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Lo malo es que el legislador Mayer busca la reelección y si vuelve a lograr un curul (lo que dependerá de los electores), a ver si no terquea para la siguiente legislatura.
Solo una cosa quedo muy clara en el debate legislativo, que el citado diputado quedo exhibido, ni supo defenderse.
Interferencias
Comúnmente los sindicatos y los patrones tienen visiones distintas sobre la marcha de una empresa, también es poco común que el sindicato se entrometa en cuestiones comerciales y de ventas, ya que sus intereses se centran en la defensa de los trabajadores como sería que se paguen sus salarios, que se respeten sus horarios, prestaciones, vacaciones, etcétera.
Además, el esfuerzo empresarial casi siempre maximiza recursos y ejerce presión sobre la plantilla laboral, por lo anterior es inentendible que el sindicato de Telmex esté interesado en asuntos comerciales y diga que apoya que el IFT otorgue mayor libertad tarifaria al citado agente preponderante en telecomunicaciones, cuando es un asunto ajeno a sus intereses y a los derechos laborales que debe defender.
Lo cierto es que a los sindicatos no les gusta la competencia porque si su patrón enfrenta mayor presión competitiva se requerirá mayor esfuerzo laboral para hacer frente a los competidores.
